Malas noticias para Jaime Orpis. En el marco de la revisión de las medidas cautelares, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aplicar prisión preventiva para el desaforado senador involucrado en el caso Corpesca.
En fallo unánime, la Novena Sala de la Corte revocó las medidas cautelares que había decretado la semana pasada la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Daniela Guerrero, y que consistían en arraigo nacional y arresto domiciliario total, no considerándolo una persona peligrosa.
"Que oídos los intervinientes y revisados los antecedentes del sistema computacional de causas de este tribunal, se llega a la conclusión de que la libertad del imputado Jaime Antonio Orpis Bouchon constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Para este análisis este tribunal tiene presente el número de delitos por los cuales ha sido formalizado, la naturaleza de los mismos y la sanción penal probable de conformidad a las circunstancias modificatorias, que en este estadio procesal podrían beneficiarle y/o perjudicarle", sostiene el fallo en alzada.
Se trata de un hito en materia judicial ya que desde el inicio de la reforma procesal penal nunca un parlamentario en ejercicio había ido a la cárcel.
"Nosotros lo tomamos con mucha satisfacción. Nosotros desde la primera petición que hicimos al Tribunal de Garantía estimamos que la medida cautelar de prisión preventiva era necesaria para garantizar los fines del procedimiento y para salvaguardar la seguridad de la sociedad", dijo la fiscal que lleva el caso, Ximena Chong, a CNN Chile.
"Creemos que el tribunal en una resolución que nos parece muy sólida lo que ha señalado es que reside en este caso el peligro para seguridad de la sociedad y, además, se ha pronunciado muy categóricamente respecto a la gravedad de los delitos investigados", agregó.
El abogado de Orpis, Carlos Cortés, aseguró que la resolución de la Corte de Apelaciones fue sorpresiva y que "tratarán de hacer todo lo posible para que la medida se revierta a la brevedad".
Cabre recordar que el parlamentario que renunció a la UDI fue formalizado por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y tributarios; y la Fiscalía -a través de los persecutores Emiliano Arias y Ximena Chong- había solicitado que se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva.
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