Luego que el ministro Mario Carroza resolviera la detención del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por homicidio calificado y presuntos delitos de asociación ilícita, desde el oficialismo el Partido Radical y las bancadas de la Nueva Mayoría exigieron la salida del general (r) del Servicio Electoral.
A juicio del presidente del PR, Ernesto Velasco, "independiente de si resulta o no condenado, el Servel debe velar por su integridad e imagen transparente y no puede tener en su consejo a una persona investigada y ya procesada por un juez de un caso, donde se le imputa la desaparición de seres humanos".
Por su parte las bancadas de diputados de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista también siguieron la línea del PR.
Junto con sostener que tras lo sucedido Cheyre debe renunciar a su cargo en el Consejo Directivo del Servel, la bancada falangista pidió urgencia para el proyecto que permite degradar a los uniformados vinculados a crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, Matías Walker señaló que "tratándose de un órgano autónomo como es el Servel, con más facultades, que tiene autonomía constitucional y que tiene como misión velar por las normas de transparencia en los procesos electorales y en las campañas, la presencia de Cheyre puede generar controversia".
El presidente de la bancada socialista, Juan Luis Castro, por su parte estipuló que "es fundamental que Cheyre renuncie al Servel".
Ayer en la tarde, por medio de una declaración pública, el abogado defensor de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill, insistió en la inocencia de su cliente asegurando que "durante los dos últimos años ha sido víctima de una persecución política infame".
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