Al hacer la presentación ante el Tribunal Constitucional por la supuesta discriminación del gobierno en materia de gratuidad en educación superior, la oposición consiguió convertirse automáticamente en interlocutor válido del Ejecutivo con el que viene trabajando un acuerdo desde el martes 15 y que sería refrendado en la polémica “ley corta”.
Según dirigentes de la oposición, el grueso del acuerdo que en un principio había dejado fuera a tres universidades estatales está en condiciones de ser aprobado por el sector. En esa línea, el presidente de RN, diputado Cristián
Monckeberg tras la salida de la cita semanal del sector- aseguró que “personalmente lo voy a empujar”, ya que “creo que es un acuerdo razonable, bueno, en un tiempo en que el país necesita de buenos acuerdos en estas materias”.
El acuerdo a que alude el dirigente recogería las inquietudes de la derecha en tres aspectos que consideran claves: que no se discrimine entre alumnos vulnerables de universidades públicas y privadas y que los establecimientos tengan estándares mínimos de calidad, es decir, cumplan con el requisito de la acreditación; también plantea que la oposición está disponible para que las tres universidades estatales que quedaban fuera de la gratuidad por no cumplir con el requisito de la acreditación se puedan integran al sistema con un apoyo de parte del Estado para que efectivamente alcancen la calidad requerida; y, por último, los institutos profesionales accederán a la gratuidad a través de becas en 2016, incorporándose al sistema de gratuidad en 2017.
En este contexto, reiteró que con este escenario están disponibles a aprobar la polémica “ley corta”.
Sin embargo, sólo unas horas más tarde se retrasó todo el trámite, cuando la derecha se negó a dar la unanimidad en el Congreso para que el proyecto del gobierno ingresara a la Cámara y pudiera iniciar su tramitación con discusión inmediata. El argumento para retrasar el proceso fue que necesitaban conocer previamente al ingreso de la iniciativa el contenido total del fallo del TC, que se divulgó sólo poco antes de las 18:00 horas.
No obstante, en la propia oposición admiten que el problema se había suscitado al interior de sus filas, donde existía molestia a raíz de que los negociadores, tanto de RN como de la UDI, no habrían socializado el acuerdo con las bancadas, por lo que se había dado una especie de rebelión en la que los diputados estaban tratando de imponer su peso ante los negociadores y dirigentes del conglomerado de oposición.
Así, mucho más tarde de lo que el gobierno tenía pronosticado, los jefes de bancada -en reunión de comité- dieron la unanimidad para el ingreso del proyecto. Luego de esta formalidad, la iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda de la Cámara para iniciar una tramitación que está tipificada como discusión inmediata, lo que significa que su tramitación debe extenderse por seis días en cada cámara. En la misma reunión se optó, porque el proyecto sea analizado sólo por Hacienda y no por Educación.
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