Que una política permanente, como la gratuidad para la enseñanza superior esté condicionada al crecimiento económico y el precio del cobre es “poco serio”. Eso creen parlamentarios de la Nueva Mayoría, que demandan al gobierno mayor claridad y precisiones en el proyecto de ley de educación superior, que es analizado en primer trámite por la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Y aunque la ministra del sector, Adriana Delpiano, intentó despejar dudas, asegurando que el financiamiento “no tiene que ver con el crecimiento, sino con la recaudación”, la fórmula establecida, en que “la cobertura dependerá del cumplimiento de ciertos objetivos de carga tributaria, medida como la proporción de los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial”, no convence.
“Hay un compromiso explícito de la presidenta Michelle Bachelet y de la NM, de instalar el régimen de gratuidad universal en la educación superior. Ese compromiso debe expresarse en el proyecto de ley y tiene que haber un plazo para resolver ese derecho, y eso no está”, expuso el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Manuel Monsalve, quien formuló una interrogante: “Puede que alcancemos la gratuidad universal si recuperamos el crecimiento económico, pero ¿qué pasa si el crecimiento nuevamente cae? ¿Vamos a retroceder en gratuidad?”. Por esta razón, agregó, “la bancada socialista va a buscar que eso quede explícito en el proyecto y en qué plazo”.
El cuestionamiento fue compartido por la diputada comunista e integrante de la comisión de Educación, Camila Vallejo, quien sostuvo: “No sabemos cómo opera la lógica del PIB tendencial y cómo eso repercute en las posibilidades de alcanzar o no la gratuidad universal”.
Para la legisladora, existe un mecanismo más idóneo para recaudar ingresos de manera permanente, que es modificar la Ley Reservada del Cobre. “Si sacamos esos recursos, no es que estemos quitándole a los más vulnerables, sino que estamos reemplazando armamento por educación, capital humano y gratuidad”, señaló Vallejo, quien puntualizó que “el debate no es sólo gratuidad, sino que también aclarar el mecanismo de expansión de la cobertura de las instituciones públicas”.
Y si un sector de la NM considera que el gobierno está relativizando o arriesgando el cumplimiento de uno de los principales compromisos de la Presidenta, otro cree que simplemente lo abandonó. El presidente de la comisión de Educación del Senado, el DC Ignacio Walker, aseveró que “más allá de los discursos, lo que hace el proyecto en la práctica es establecer la gratuidad como proceso, en la medida que existan recursos económicos y, por lo tanto, se acerca a un sistema de financiamiento mixto, donde van a coexistir de manera permanente aportes directos del Estado, gratuidad, becas, créditos y aportes de las familias. Eso por ningún lado es gratuidad universal”.
Y agregó: “Siempre hay que tener cuidado con crear falsas expectativas”.
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