Sin efecto quedó este martes la orden de detención dictada en contra de la ex concejala de Limache, Cynthia Marín, luego que la Corte Suprema acogiera a trámite el recurso de queja presentado por su defensa –encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez- contra la resolución del tribunal de alzada de Valparaíso, que ratificó la condena de 10 años y un día dictada en su contra, por el delito de fraude al fisco reiterado.
Así lo explicó Manríquez, quien calificó dicha resolución como "una esperanza de hacer justicia en este caso y aplicar la ley a cabalidad".
"Confiamos que éste es el primer paso para poder dejar eventualmente sin efecto un par de sentencias que resultan injustas para la señora Cynthia Marín y esperamos que, al final de este proceso, se pueda realmente dar la solución proporcionada y justa que cualquier justiciable esperaría en una situación de esta envergadura", dijo.
Asimismo, detalló que el dictamen dio orden de no innovar, "lo que suspende íntegramente los efectos del tribunal de Quillota y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de la misma manera que deja sin efecto y suspenden la orden de arresto que pudo haberse despachado desde el Juzgado de Garantía de Limache contra la señora Marín".
En este escenario, la ex autoridad comunal aún podrá insistir ante el máximo tribunal para invalidar la sentencia que, a juicio del abogado Juan Carlos Manríquez, responde a un trato desigual ante la ley pues, en casos más complejos –como lo son el denominado caso Penta- se han ofrecido salidas alternativas a un juicio oral y penas menores con beneficios.
Asimismo, el defensor ha señalado en reiteradas ocasiones que se trató de "una condena desproporcionada e injusta en contraposición a claras disposiciones legales", agregando que "se ha incurrido en una falta o abuso de tal gravedad que ha violado la igualdad de armas, dejando a la señora Marín en un trato completamente desigualitario", enfatizando que "no tiene sustento alguno que el Ministerio Público se esfuerce en otros procesos de mayor envergadura pública, en hacer todos los esfuerzos para darles salidas alternativas en procedimientos abreviados en casos muchos más graves y en éste, no trepiden esfuerzos en tratar de encarcelar a una mujer con una pena desproporcionada e injusta".
El recurso de queja es la última instancia nacional que la ex concejala tiene para intentar revocar la sentencia y en caso de resultar desfavorable, será el primer paso para insistir en tribunales internacionales con el objetivo de que "el Estado Chileno respete los derechos procesales de los justiciables, que, a nuestro juicio, no han sido amparados del todo", según ha expresado Manríquez.
Se ha sostenido que se cometió falta o abuso grave en la Corte de Valparaíso porque esa sentencia habría subsidiado y mejorado la del tribunal de Quillota pues, en todo el proceso judicial, se dijo que al momento de los hechos que fundaron la acusación en su contra, Marín no era funcionaria pública, y que no es posible sostener que hubo dolo por parte de la ex autoridad comunal y ex jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
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