La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación sobre las irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), proceso que investigó en primera instancia la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP.
De esta forma, el máximo tribunal mantuvo la sentencia de primera instancia dictada por ministra Chevesich, que condenó a los siguientes funcionarios públicos:
-Carlos Cruz Lorenzen: 3 años de presidio en calidad de autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Sergio Cortés Castro: 5 años de presidio como autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Roberto Salinas Briones: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Sergio Hinojosa Ramírez: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Ramón Silva Améstica: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Eduardo Bartholin Zanetta: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Gonzalo Castillo Navasal: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Nassir Sapag Chain: 200 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Héctor Quiroz Astorga: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Dolores Rufián Lizana: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Óscar Araos Guzmán: 541 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Héctor Peña Véliz: 61 días de presidio como cómplice de fraude al fisco.
-Luis Jara Núñez: 40 días de presidio como encubridor de fraude al fisco.
La sentencia, además, impone a los condenados Cruz, Cortés, Salinas, Hinojosa, Silva, Bartholin, Castillo, Sapag, Quiroz, Rufián, Araos, Peña y Jara, las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y se les impone una multa ascendente al 10% del monto defraudado.
En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile, y se condenó a los acusados a pagar la suma total $799.142.217.
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