El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago finalmente decretó firma quincenal y arraigo nacional para el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami y su ex asesor, Cristián Warner, en el marco del caso SQM.
En el caso del presidenciable, esto resultó porque su defensa accedió a la solicitud de la Fiscalía Nacional de aceptar las medidas cautelares de modo de llegar más rápidamente al juicio oral.
Al líder del PRO se le imputó la facilitación de 36 boletas ideológicamente falsas, en calidad de autor y en carácter reiterado, por servicios de asesorías comunicacionales inexistentes por casi $ 400 millones.
Los dineros habrían sido utilizados para sus dos campañas presidenciales entre marzo de 2011 y diciembre de 2013.
Dentro de los cargos que se imputan, el fiscal Pablo Gómez expuso que Warner, en representación de su empresa Cristian Warner Comunicaciones Publicidad Y Marketing, y con absoluto conocimiento de ME-O, suscribió en febrero de 2011 un contrato simulado con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, para prestar asesorías a la minera no metálica en materia de comunicaciones, las que fueron incorporadas en la contabilidad de SQM Salar como gastos necesarios rebajando la base imponible y eludiendo el pago de impuestos.
En ese contexto, Gómez acusó que Contesse realizó una serie de procedimientos dolosos para desfigurar el verdadero monto y justificarlo como asesorías que efectivamente fueron prestadas por la empresa del mano derecha de Enríquez-Ominami.
"Por su parte, para obtener los referidos aportes conforme con lo acordado con Contesse, ME-O concertado con Warner facilitó a SQM Salar entre febrero 2011 y enero de 2014 un total de 36 facturas ideológicamente falsas de Cristian Warner Comunicaciones Publicidad Y Marketing por un total de $391.200.000 emitidas por su representante legal Cristián Warner", añadió el persecutor.
En total, concluyó, las facturas le ocasionaron un perjuicio al Fisco "no inferior" a los $130 millones.
Sobre el destino de esos recursos, Gómez aseguró que con pleno conocimiento y acuerdo de Enríquez-Ominami, éstos fueron destinados al financiamiento del proyecto político del presidenciable.
En detalle, el fiscal explicó que al menos dos reuniones habría tenido el líder del PRO con el ex gerente general de SQM entre 2011 y 2012, para gestionar dichos aportes.
"Se formalizaron por delitos tributarios, por su participación en el caso de don Cristián Warner como emisor y en el caso señor Enríquez-Ominami como facilitador. En ambos casos se le imputó participación como autores de este delito tributario", dijo luego, a la salida de la audiencia.
El persecutor dijo que el fallo de la jueza Alicia Rosende "nos da satisfacción en el sentido de que en la defensa converjan las voluntades en cuanto a estimar que se encuentra en este fallo procesal tanto la participación como el hecho por el cual han sido formalizado estas tres personas".
ME-O se retiró del lugar sin hacer mayores declaraciones y reiteró que responderá las consultas de la prensa a las 14:00 hrs. en una conferencia de prensa en la comuna de Vitacura.
Cabe recordar que, tras enterarse de que sería formalizado, el ex diputado tildó de "arbitraria" la acción de la fiscalía y acusó a Gómez, persecutor a cargo de la investigación, como un ""operador político de Sebastián Piñera".
El líder del progresismo ya había declarado como imputado ante la fiscal Ximena Chong en el marco del caso SQM, así como también por el uso del jet privado durante su campaña y que no fue registrado como parte de sus gastos electorales.
En esa ocasión, el cineasta hizo uso de su derecho a guardar silencio y luego aseguró que existía una "campaña imparable de desprestigio" en su contra y aseguró que su rol en la campaña fue ser "candidato y no fue mi tarea acordar con proveedores".
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