La fecha límite era ayer, pero nuevamente el Ejecutivo aplazó la presentación del proyecto de reforma a la educación superior.
Durante la tarde del miércoles el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) conoció la iniciativa. Sin embargo, no cumplió sus expectativas. “Con profunda preocupación constatamos que ninguna (de nuestras) propuestas ha sido recogida en la presunta versión final del proyecto que hemos conocido”, señalaron.
Y agregaron: “Muy por el contrario, este proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de educación superior. De aprobarse, se reafirmaría un modelo existente sólo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado”.
Según el CUECh, “sería extremadamente lamentable que un proyecto tan ajeno al interés del país, tan refractario a los anhelos de nuestros jóvenes, constituya el punto de partida de un prometido debate, en el que tantos chilenos hemos consignado profundas esperanzas de cambio”.
El rechazo generó ruido en el gobierno. En especial porque la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la iniciativa, que será presentada y revisada por el oficialismo en pleno el próximo lunes durante el habitual comité político.
Trabajo prelegislativo
Consultado por el tema el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, se mostró molesto.
“Lo que está en juego es la necesidad de hacernos cargo de los anhelos de cambio de los chilenos o la visión de aquellos que quieren que todo siga como está”, recalcó.
Agregó que hoy “el sistema educativo que estamos transformando estaba moralmente quebrado, porque la posibilidad de estudiar dependía del tamaño del presupuesto familiar y no de los talentos”.
Díaz recalcó que la nueva iniciativa no tiene que ver con pagos o indemnizaciones a los municipios “sino con el derecho que tiene todo estudiante a tener calidad educativa no importa donde viva”.
En ese contexto, recalcó que “son más de 230 reuniones las que ha sostenido el equipo de Educación con distintos actores”, por lo que destacó el trabajo prelegislativo del proyecto que próximamente debiera ingresar al Parlamento.
“El objetivo es que dotemos a nuestro país de un marco jurídico que establezca con claridad las normas que van asegurar la gratuidad y la calidad en la educación superior y nos interesa que se haga extensiva a los centro de formación técnica, a los institutos profesionales”, afirmó Díaz.
Respecto de lo que se viene en el Congreso, reconoció que será “una discusión muy intensa”, pero agregó que “nos interesa que esas opiniones que hemos recibido durante el proceso prelegislativo, que van a estar también presentes durante la discusión en el Congreso, nos permitan sacar adelante una ley que asegure gratuidad y calidad”.
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