Bachelet promulgó ley que moderniza justicia tributaria y aduanera

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó esta mañana la ceremonia de promulgación del proyecto de Ley que fortalece y perfecciona la jurisdicción Tributaria y Aduanera.

Al respecto, la Jefa de Estado señaló que la nueva legislación "tiene sin duda gran trascendencia, tanto por el contenido específico de este cuerpo legal -largamente esperado por el mundo emprendedor- como por el valor de que entre en vigencia en el actual momento económico que vive el país y el mundo".

En ese sentido, sostuvo que en los tiempos de incertidumbre "es donde se pone a prueba la fortaleza de los países y de sus instituciones, y Chile está demostrando que, más allá de las legítimas diferencias políticas que hay en su seno, puede enfrentar unido las dificultades. Expresión de ello es, entre otras cosas, la aprobación esta ley".

Del mismo modo, la Mandataria destacó "el hecho de que el plan de reactivación de más de US$ 4 mil millones que dimos a conocer recientemente, haya recibido un amplio apoyo nacional. Creo que es una señal auspiciosa para un año en que las cosas no serán fáciles".

Este nuevo marco legal permitirá que la pequeña y mediana empresa, el comercio, los emprendedores, los profesionales independientes y los ciudadanos comunes puedan de manera más sencilla presentar y resolver sus diferencias con los Servicios de Impuestos Internos y de Aduanas.

Durante su intervención, la Mandataria reveló la importancia de perfeccionar la justicia tributaria, garantizando su independencia institucional y mantener los niveles de eficiencia.

"Este proyecto concilia ambas perspectivas y establece nuevos tribunales, con independencia orgánica y autonomía para interpretar la norma tributaria y aduanera, con lo cual se supera el actual modelo en que la misma autoridad que fiscalizaba, era también la que actuaba como tribunal de primera instancia", puntualizó.

Bachelet enfatizó que esta ley fortalece los derechos de las personas, "no sólo porque establece una mayor garantía institucional de independencia de los tribunales, sino porque además instaura un procedimiento especial de amparo para los contribuyentes que puedan considerar afectadas sus garantías constitucionales".