El diputado Tomás Lagomarsino (IND) presentó un proyecto de ley que busca regular los sistemas de inteligencia artificial (IA), al establecer un marco jurídico en lo que respecta al “desarrollo, comercialización, distribución y utilización de los sistemas de inteligencia artificial (IA), asegurando la protección de los derechos fundamentales garantizados por el Estado de Chile”, según señala el texto.
La iniciativa, que fue enviada a la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación, incluye una serie de conceptualizaciones que incluyen una definición única de inteligencia artificial que pueda perdurar en el tiempo.
La propuesta señala que se entenderá por sistema de inteligencia artificial el software que se desarrolla empleando una o varias de las siguientes técnicas: estrategias de aprendizaje automático, incluidos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo.
También, considerará las estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la representación del conocimiento, la programación (lógica) inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los sistemas expertos y de razonamiento (simbólico), y estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización.
Comisión nacional regulatoria
Señala que se creará una Comisión Nacional de IA que tendrá como objetivos calificar el riesgo de cada uno de los sistemas de IA, autorizar su desarrollo, distribución, comercialización y utilización, proponer mejoras a su regulación, entre otros.
El texto también propone un procedimiento para que los sistemas de inteligencia artificial sean evaluados y autorizados por la Comisión Nacional de IA, y un listado de criterios y aplicaciones de sistemas de inteligencia artificial que serán calificados de alto riesgo y los requisitos que deben cumplir para ser autorizado su desarrollo, distribución, comercialización y utilización, incluido el cumplimiento del principio de vigilancia humana.
También, crea un registro de sistemas de inteligencia artificial autorizados para ser desarrollados, comercializados, distribuidos y utilizados en territorio nacional; y un mecanismo para notificar incidentes que sean graves y errores de funcionamiento.
Las sanciones para los desarrolladores, proveedores y usuarios que incumplan las normas contenidas en esta regulación se fijan en 200 UTM a beneficio fiscal. En el caso de que la sanción sea producto de no haber notificado un incidente grave o haber presentado información inexacta, incompleta o engañosa, se duplicarán los valores de las sanciones y se procederá a retirar la autorización de distribución, comercialización o uso según corresponda. El desarrollo, distribución, comercialización o uso de sistemas de IA de riesgo inaceptable serán sancionados con presidio mayor en su grado mínimo.
La propuesta normativa señala que “la introducción de esta legislación tiene como objetivo garantizar que la inteligencia artificial sea un instrumento para las personas y una fuerza positiva en la sociedad, y que su fin último siempre deba ser incrementar el bienestar humano”.
Finalmente, los autores precisan que “para salvar la admisibilidad del presente proyecto, se ha prescindido de algunos aspectos particulares de la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, que inicialmente consideraba su dependencia al Ministerio de Ciencia".
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