Aunque nadie lo esperaba, el Tribunal Constitucional (TC) falló en contra del gobierno en su intención de eliminar del proyecto misceláneo el artículo 31 que establece que en caso de catástrofe o emergencia las empresas que proveen los servicios básicos deberán reponerlos a los afectados, en 48 horas, aun cuando estos tengan deudas con las proveedoras.
En este escenario, la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic -integrante de las comisiones de Hacienda y Constitución- calificó de “contundente” el fallo de nueve contra cero y advirtió al Ejecutivo que “cada vez que el gobierno pretenda vulnerar la constitucionalidad del país, recurriremos el Tribunal Constitucional”.
Y aseguró: “No seremos cómplices de los abusos que, por secretaría, pretende instalar el gobierno de José Antonio Kast”.
La senadora hizo ver que la oposición estará “atenta y en alerta” para recurrir ante este organismo para defender los derechos ciudadanos “cada vez que sea necesario”.
Idea matriz
Por su parte, el timonel del PPD, diputado Raúl Soto, criticó duramente el accionar del Ejecutivo, destacando que "es una vergüenza que el gobierno haya impugnado en el Tribunal Constitucional una norma que beneficia a los damnificados, para que no les corten los suministros básicos en los contextos de catástrofe".
Con esto, dijo, "el Ejecutivo da una muestra de inhumanidad que lamentamos bastante, y desde esa perspectiva valoramos la decisión del Tribunal Constitucional".
Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez valoró el “portazo” del TC al Presidente Kast, pues -a su juicio- “confirma” que la norma promovida por la oposición “es coherente con las ideas matrices de una megarreforma que, se supone, pretende ayudar a las víctimas de los incendios”.
El legilador se adelantó a lo que la mayoría se pregunta: “La única manera de que ahora se elimine es que el Presidente presente un proyecto para ello”, pero eso sería -agregó- “totalmente contrario a los intereses de los damnificados y verificaría la tesis que hemos planteado desde el inicio, de que la megarreforma sólo pretendía beneficiar a las grandes empresas”.