Escaso o ningún avance concreto ha mostrado el trabajo de la Comisión Mixta que busca resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica y cuyo principal nudo lo constituye el levantamiento del secreto bancario. En la sesión de este miércoles sólo participó nuevamente el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, no así el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Lo único novedoso resultó ser la solicitud del senador Daniel Núñez a la comisión de que se le diera la unanimidad para analizar una indicación de su autoría, por estimar que el tema está ligado a la discusión acerca de cómo combatir al crimen organizado y el terrorismo. Además, solicitó al Ejecutivo que evaluara la posibilidad de apoyarla, algo que Vallebona se comprometió a hacer, pero con el resguardo de que lo alberga la inquietud acerca de si será el proyecto en estudio el indicado para debatir la indicación. Algo que antes que él había alertado el senador Indep. republicano Cristian Vial; quien sí se mostró abierto a respaldar la medida fue el diputado de RN Francisco Orrego.
Ello, porque la indicación modifica la ley de que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, Ley Fintec. Su objetivo, según explicó el propio autor en la comisión, es “impedir el uso de las criptomonedas para que el crimen organizado no pueda encubrir, a través de este sistema, su dinero ilícito”.
Contenido de la indicación
En concreto, la propuesta establece que “los solicitantes deberán acreditar la identidad de las personas naturales que sean sus beneficiarios finales y entidades relacionadas, así como el origen lícito de los recursos destinados para el correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad regulada y la prevención de que los servicios, productos o infraestructura que administren no sean utilizados para la comisión de delitos, en especial aquellos vinculados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al crimen organizado”.
Adicionalmente, establece que “los inscritos en el registro deberán incorporar en sus políticas, procedimientos y controles, sistemas de verificación reforzada de la identidad de las personas naturales que sean beneficiarios finales de las operaciones realizadas a través de sus plataformas, así como
acreditar el origen lícito de los recursos con el objeto de prevenir su uso por el crimen organizado, para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, en especial aquellas operaciones que involucren activos financieros virtuales o criptoactivos, con independencia del monto involucrado”.
Por otro lado, la inasistencia del ministro Arrau dejó sin respuesta algunas de las preguntas realizadas en la sesión de la semana anterior, ya que el subsecretario de Hacienda explicó que esos temas corresponden a seguridad.
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