Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el año pasado el organismo presentó 123 querellas por la eventual comisión de delitos tributarios, un incremento de 9,8% respecto a 2021.
Entre enero y mayo de este año, a su vez, se han ingresado 34 acciones de la misma naturaleza ante los tribunales.
Como consecuencia de lo anterior, la cantidad de imputados en dichas querellas aumentó un 22,5% respecto a 2021, totalizando 310 personas. En lo que va de 2023, 94 individuos han sido querelllados por el servicio en distintas causas.
Otros indicadores en la materia son los querellados en casos terminados, que totalizaron 277 personas en 2022, disparándose 108,2% respecto al año previo.
¿Y la cantidad de querellados cuya sentencia fue favorable a la administración fiscal? El año pasado totalizaron 207, lo que entrega una tasa de éxito de un 74,7%, levemente menor al año previo. Pero en lo que va de este ejercicio, dicha proporción sube a 88,1%. Por resultado favorable se entiende una situación con fallo de condena o salida alternativa para el contribuyente.
El perjuicio fiscal involucrado en estos casos asciende a más de $ 71.317 millones, o US$ 89,1 millones al tipo de cambio actual.
Algunos casos emblemáticos son, por ejemplo, cuando el 11 de julio de 2022 el SII presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, contra Patricio Ricardo Salgado Vera, Guillermo Rodríguez Gaete, Patricio Yori Ramírez Figueroa, quienes a través de distintas sociedades realizaron sucesivas maniobras fraudulentas -según el SII- para obtener devoluciones indebidas de impuestos por concepto de IVA exportador entre 2017 y 2019, vinculadas a la exportación de berries, con un perjuicio fiscal superior a los $ 8 mil millones.
Uno de los involucrados está también relacionado con una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
El 16 de agosto de 2022, el servicio se querelló ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en contra del representante legal de la Sociedad Real y Compañía, Laju Nandwani Vaswani, por la presentación de declaraciones maliciosamente falsas de IVA entre 2015 y 2020, al enajenar vehículos provenientes de zonas francas, sin recargar el IVA débito fiscal al que estaba obligado, generando un perjuicio fiscal superior a los $ 1.800 millones.
Otros casos destacados son las seis acciones penales por delitos tributarios referidos al rubro de producción y comercialización de madera, en la las regiones de Maule, Biobío y La Araucanía que podrían tener conexión con el mercado ilegal de la madera.
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