A partir del primer día hábil de diciembre, los contribuyentes podrán regularizar deudas municipales con la condonación total de intereses y multas, mediante un convenio temporal contemplado en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social.
La normativa permitirá a las municipalidades pactar acuerdos con los morosos y traspasarlos a la Tesorería General de la República (TGR), depurando los registros municipales.
De acuerdo a los registros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el total de ingresos por percibir en 2025 relacionados con materia de derechos de aseo, patentes comerciales y permisos de circulación ascendió a US$ 290,5 millones ($ 287.800 millones).
De ese monto, el 54,3% corresponde a deudas por patentes municipales (US$ 157,8 millones), mientras un 35,1% y 10,6% a derechos de aseo y permisos de circulación, respectivamente.
Al hacer doble click, las municipalidades que sumaron los mayores montos por percibir durante el año pasado fueron Providencia con US$ 25,2 millones ($ 24. 938 millones), seguida por Antofagasta, con US$ 19,2 millones ($ 19.002 millones), y Las Condes, con US$ 17,5 millones ($ 17.297 millones).
Cabe señalar que los registros de la Subdere dan cuenta de un aumento sostenido de la mora durante los últimos tres años. En 2023, los montos por percibir sumaban US$ 266,2 millones, cifra que creció en un 8,4% para 2025.
Desde la Asociación de Municipalidades Chilenas (Amuch), que representa a 101 municipios a lo largo del país, explicaron que las deudas por derechos de aseo suelen acumularse durante años debido a la falta de herramientas de cobranza efectiva, ya que, a diferencia de las patentes comerciales y los permisos de circulación, estas no cuentan con incentivos de pago como la clausura o el retiro de circulación. Por ello, el director de compliance e integridad de la asociación, César Rojas, destacó que la medida "permitirá un ordenamiento financiero limpiando los roles de morosos”.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que reúne a 319 municipios, también valoró la iniciativa. Su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que muchas de estas deudas generaban pérdidas para los municipios, por lo que "con esta medida tenemos la oportunidad de recuperar recursos que hoy no estábamos percibiendo y que vuelven directamente a la comunidad en servicios”.
De todas formas, el alcalde de Paine y presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Rodrigo Contreras, precisó que el efecto podría ser desigual entre comunas. “Las comunas rurales presentan, en general, una menor base de contribuyentes, una actividad económica más reducida, mayores distancias territoriales y una limitada disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros”.
En ese sentido, como asociación realizaron un llamado a la Subdere a incorporar apoyo estatal, considerar las diferencias territoriales y evaluar periódicamente el impacto financiero de la iniciativa. Además, indicaron que esperan reunirse con la subsecretaría antes de la entrada en vigencia de la norma.
Actualmente, las asociaciones ya están difundiendo el beneficio y preparando a los municipios. Desde la ACHM destacaron la importancia de informar mediante canales municipales y organizaciones comunitarias, mientras AMUR subrayó la necesidad adicional de coordinarse con la Subdere para garantizar condiciones claras y uniformes.
En la misma línea, la académica del Laboratorio Municipal de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Carmen Le Foulon, afirmó que la difusión y la preparación administrativa serán claves para que un mayor número de contribuyentes puedan acogerse al mecanismo una vez que entre en vigencia.
Por ello, advirtió que, en primera instancia, los municipios enfrentarán una alta carga administrativa, “pero, en el mediano largo plazo, como se traspasa la cobranza a la Tesorería General de la República, se liberarían todas los gestiones que ellos deben realizar para la cobranza”.
¿Cómo funcionará el convenio?
La medida permitirá condonar el 100% de los intereses y multas de deudas municipales impagas, como patentes comerciales, industriales y profesionales, permisos de circulación y derechos de aseo, devengadas en los tres años anteriores al 1 de enero de 2026.
Los contribuyentes podrán solicitar el beneficio en su municipalidad desde diciembre de este año y, aprobada la solicitud, tendrán hasta 12 meses para pagar la deuda, plazo que se extiende a 36 meses para derechos de aseo.
La municipalidad fijará las cuotas y convenios de pago que luego serán comunicados a la TGR para que pueda efectuar el proceso de cobro.
Según Rojas, "lo más importante que tienen que tener claro los vecinos es que no va a ser la municipalidad la que va a efectuar esa cobranza, sino que Tesorería, y ahí hay un tecnicismo de que lo va a hacer conforme a las normas habitualmente del Código Tributario, lo que le da más atribuciones para cobrar que a una municipalidad. Es una cobranza un poco más severa".
Desde la Tesorería General de la República, en tanto, afirman que se están coordinando con la Subdere y las asociaciones para homogeneizar la información de los deudores y definir la gestión de cobro.
Asimismo, el tesorero general, Hernán Nobizelli, aclaró que buscarán actuar con especial cuidado ante la realidad socioeconómica de los contribuyentes, promoviendo el acceso a convenios adaptados a sus ingresos.
“Sabemos que es un ingreso que podría ser importante para efecto de su gestión, sobre todo para las municipalidades más chicas, pero (la normativa) requiere tomar las posibilidades económicas de las personas para que puedan cumplir", indicó.
De todas formas, Le Foulon destacó que este mecanismo “tiene un fuerte efecto disuasivo que podría hacer que un porcentaje importante de personas se acerquen a pagar”.
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