Finalmente, este miércoles se presentaron las indicaciones a la reforma previsional tras el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos. Con este telón de fondo, los economistas sacaron rápidamente la calculadora para evaluar el impacto del 7% adicional de cotización.
Si se aprueba, la tasa de cotización aumentará de manera gradual en un período de nueve años. “La dura realidad es que el mercado laboral chileno no podrá absorber este mayor costo laboral sin crecimiento económico, sin que los emprendimientos y empresas puedan desarrollarse y crear empleos formales de calidad”, expresó la directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón. De hecho, en los últimos dos años el número de empleos formales ha caído en 108.268 puestos, afirmó la experta.
Más cauteloso se mostró el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, para quien “la gradualidad del aumento de la tasa de cotización permite reducir los efectos negativos sobre el empleo formal, pero no anula los efectos colaterales negativos sobre los salarios líquidos en el mediano plazo”.
Y explicó que aunque para la mayoría de los trabajadores habrá un ajuste en los salarios líquidos en el mediano plazo, esto no es posible en el caso de los trabajadores que ganan sueldos en torno al salario mínimo, puesto que en estos casos el piso está determinado por ley. Por ello, en este segmento el alza de la cotización sí podría generar “un efecto pernicioso” sobre el empleo formal, pues implicaría un alza de costos laborales no asociado a mayor productividad laboral.
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Pero Bravo destaca también efectos positivos del mayor ahorro previsional sobre la inversión y el stock de capital, lo que aumenta el Producto Interno Bruto (PIB) y con ello, se estimula la creación de empleo formal en el sector privado.
“La evidencia empírica para Chile es clara en mostrar que un mayor ahorro previsional se asocia a un mayor crecimiento, favoreciendo la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Si bien este efecto puede ser menor que en el pasado, debido a que la situación actual es muy distinta a la de los 80 o los 90, aun así habría un efecto positivo sobre el crecimiento”, aseguró.
La respuesta del mundo empresarial
El mundo gremial tampoco tardó en reaccionar. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) planteó varias preocupaciones. “Es valioso haber logrado un acuerdo, lo que siempre implica que las partes hagan sacrificios, cediendo en sus preferencias”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
“Creemos que es importante haber logrado la compensación entre hombres y mujeres, pero la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, que no refleja el costo real de la compensación. También hubiéramos esperado mayor gradualidad del alza de cotizaciones a lo largo del tiempo, para efectos de mitigar el impacto que esto puede tener en el mercado laboral”, dijo la exministra.
Con relación al préstamo que realizarán los cotizantes al Estado, Jiménez advirtió que es una herramienta que podría “adolecer de problemas de sostenibilidad” y, por tanto, es muy relevante que se transparente en la contabilidad fiscal y se tomen los resguardos para evitar perjuicios a los cotizantes.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, el alza de 7% en la cotización “afecta gravemente a las empresas de menor tamaño, que ya enfrentan desafíos de liquidez y competitividad, y aunque existe gradualidad, podría no ser suficiente”, dijo, y advirtió que este cambio puede empujar a más empresas a la informalidad.
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Misma preocupación mostró Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quien planteó que “nos preocupa que un aumento en la cotización superior al 6% puede aumentar la informalidad laboral, si es que no va asociado a una mayor productividad. En este espíritu de acuerdos para enfrentar desafíos nacionales, llamamos a generar un clima favorable para el crecimiento y nuestra competitividad”, dijo, y agregó que “no hay mejor recaudador que el crecimiento económico ni mejor política social que el empleo”.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, si bien valoró el acuerdo, sinceró que le preocupa el impacto que puede tener el alza de la cotización.
“Para los empleadores, el aumento de las cotizaciones es un desafío considerable, y el período de implementación propuesto resulta insuficiente para absorber este cambio sin afectar el empleo”, planteó.
El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, sostuvo que “quien piense que las empresas pueden absorber estos aumentos de costo sin que ello afecte el empleo está realizando un análisis simplista y de corto plazo”.
El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, mencionó que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas no son capaces de solventar este aumento en las cotizaciones. “¿El Gobierno y la oposición están considerando algun tipo de ayuda para micros y pequeñas empresas por estos costos laborales?”, cuestionó.
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