Los cambios a la industria, junto a la distribución del 6% de cotización adicional, fueron parte de los nudos críticos durante el tiempo de tramitación que lleva hasta ahora la reforma en el Congreso, que en el caso del Senado son cerca de 10 meses y que en la Cámara de Diputados se extendió desde noviembre de 2022 a enero de 2024.
La Moneda no logró cumplir con su anhelo original de poner fin a las administradoras de fondos pensiones (AFP), el que estaba plasmado en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La reforma pasó por varios caminos hasta lo que se está proponiendo hoy.
Inicialmente, el proyecto de ley que el Gobierno ingresó al Congreso en noviembre de 2022 ponía fin a las AFP como se conocen hasta ahora y separaba la industria en inversores y administradores. Además, eliminaba el Decreto de Ley 3.500, que creó el actual sistema de AFP hace ya más de cuatro décadas.
De todas maneras, actualmente la reforma incorpora cambios profundos al actual funcionamiento de la industria.
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Uno de los consensos que se asentó ya hace varios meses, en el marco de la discusión de la reforma previsional, fue la necesidad de generar mayor competencia entre las AFP y disminuir las comisiones que pagan los afiliados, lo que fue consensuado además por la mesa técnica.
Para hacer frente a esa problemática, identificada tanto a nivel político como en el grupo de expertos, finalmente la comisión de Trabajo del Senado acordó inclinarse por una licitación del stock de afiliados, aunque en términos diferentes a lo que estaba establecido originalmente por el Gobierno. Esto, porque si en el proyecto inicial se fijaba en 10% de los afiliados antiguos al año seleccionados aleatoriamente, finalmente se consensuó dejarlo en una razón de 10% cada dos años.
Durante el proceso, la oposición tuvo ciertas dudas sobre la conveniencia de avanzar en esta dirección, las que se fueron despejando con algunas cortapisas que se le pusieron al mecanismo.
Junto con ello, se estableció un límite máximo de participación de mercado del 25% en afiliados para que una administradora participe del proceso.
Este mecanismo viene a reemplazar la actual licitación de nuevos afiliados, pues quienes se integren por primera vez al sistema, serán incorporados de forma automática al ente de menor comisión.
AGF e IPS en el proceso
Las indicaciones establecen que podrán concurrir a la constitución de una administradora de fondos de pensiones, las AGF que no sean filiales de una entidad bancaria y cajas de compensación con autorización del regulador.
Además, se permite subcontratar las funciones de soporte entre las cuales podrá operar el Instituto de Previsión Social (IPS).
Entre las regulaciones de la industria, se especifica que aquellos que se dediquen a la inversión tendrán la facultad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá operar el Instituto de Previsión Social (IPS).
La economista e integrante de la mesa técnica de pensiones en representación de la oposición, Cecilia Cifuentes, señaló a DF que, “a pesar que desde el punto de vista técnico no existe apoyo al inversor público y al gestor público, el Gobierno mantiene sus consignas ideológicas. No se entiende lo que se pretende con el IPS y su rol de administrador de cuentas, y esto como parte de las indicaciones ¿crear esa facilidad para qué? ¿Se crea antes de que nadie la solicite? No tiene sentido. ¿Se crea después? probablemente entonces no sea una opción viable. Parece un sin sentido”.
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Este es uno de los puntos que genera más debate. Esto, porque según trascendió, el Gobierno habría enviado una minuta a parlamentarios oficialistas destacando, entre otras cosas, que habrá un gestor de cuentas público como alternativa y que se ingresará un inversor público en marzo.
“Respecto a la minuta del Gobierno, creo que daña definitivamente las confianzas, y entonces su defensa de consignas tiene un costo no menor en la posibilidad de aprobar la reforma. Un retroceso, sin duda”, criticó Cifuentes.
Fuentes del oficialismo señalaron a DF que La Moneda necesitaba hacer un guiño a su sector para contar con los votos necesarios para aprobar la reforma en la Sala.
En todo caso, las mismas fuentes explicaron que quedó establecido que el IPS “podrá” hacerlo, lo que dista mucho a su juicio del proyecto original del Gobierno donde toda la administración correspondía a esta entidad pública. En este caso, una AGF, por ejemplo, tendría que escoger, por sobre un privado administrador que el IPS sea su soporte.
Premios y castigos
Otro cambio relevante que se acordó fue que se establezcan premios y castigos para las AFP -o el inversor que entrará- en función de la rentabilidad de los fondos previsionales. Esto, con el fin de alinear incentivos de los afiliados con los de las firmas.
Por último, se limitará el valor máximo de las comisiones indirectas que pueden ser descontadas de los fondos de pensiones, a aquellas que correspondan exclusivamente a activos de baja liquidez y/o baja presencia en los mercados.
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