El secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo señaló que el proyecto de ley que se enviará este lunes al Congreso Nacional para reforzar la separación entre "dinero y política": el fideicomiso ciego, no es un proyecto con "nombre y apellido", en directa alusión al empresario Sebastián Piñera.
"Que quede claro para todos que ésta no es una ley con nombre y apellido. No es una ley persecutoria, al contrario, nosotros hemos sido muchas veces emplazados, fundamentalmente por personeros de la oposición, de que no queríamos presentar esta ley (...) No queremos personalizar una norma que es de general aplicación", declaró en La Moneda.
Vierav Gallo agregó que "la polémica no es sobre Sebastián Piñera, aquí lo que estamos haciendo es una norma de probidad para que personas como él se atengan a una norma más estricta para que no haya una confusión de intereses".
En ese sentido, el subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, señaló que el proyecto tiene como fin "prevenir los conflictos de intereses que pueden existir entre determinadas autoridades".
La autoridad indicó que el proyecto tiene que ver con el patrimonio que posean o la calidad de determinados bienes, por lo cual "un tercero independiente" administrará los bienes que excedan las 470 mil Unidades de Fomento (UF).
Además, indicó que el proyecto está dirigido al Presidente de la República, ministros de Estado, senadores y diputados, y los consejeros del Banco Central. "Es un mandato. Un mandato obligatorio para las autoridades públicas, un mandato revocable, también modificable, solemne y ciego para cumplir con el objetivo de evitar los posibles conflictos de intereses en que puedan incurrir las autoridades", agregó.
El subsecretario dijo también que una vez aprobado el proyecto y mientras se mantenga vigente, "queda prohibido a la autoridad que lo confirió por sí o por interpósita persona tener conocimiento del destino de sus negocios".
En cuanto a las multas que se aplicaran a quienes no respeten el mandato, José Antonio Viera- Gallo, indicó que "hay normas que establecen multas sucesivas y de esto se comunica a la Contraloría General de la República y se comunica al Parlamento (...) Cuando hay un incumplimiento reiterado se produce esta comunicación y ahí operan las normas generales del derecho".
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