Con más de un año de tramitación, el proyecto de reforma laboral vive horas decisivas. El gobierno se impuso llegar hoy a un acuerdo con el oficialismo para conseguir los votos que garanticen su aprobación en Sala, en medio de las divididas posiciones internas que han puesto en jaque cumplir el nuevo plazo autoimpuesto por el Ejecutivo, de despachar el articulado antes del 31 de enero.
El Congreso en Valparaíso será el epicentro de las últimas negociaciones entre el gobierno y la Nueva Mayoría y, en caso de no salir humo blanco de estos encuentros, el debate laboral quedará irremediablemente postergado para marzo.
Por esto, en las últimas semanas, los ministros del Trabajo, Ximena Rincón, y Hacienda, Rodrigo Valdés, han activado una apretada agenda de citas para socializar fórmulas de consenso frente a seis pilares clave que se traduzcan posteriormente en un nuevo paquete de indicaciones, tras el regreso de la iniciativa a la comisión de Trabajo del Senado.
Según trascendió, el avance de las tratativas hace altamente probable que finalmente el Ejecutivo no reponga uno de sus ajustes ingresados en diciembre pasado, que proponía que el empleador podría realizar “adecuaciones necesarias” al interior de la empresa en caso de huelga. Así, sólo se contemplarían “ajustes en turnos y horarios“ sin las denominadas “adecuaciones”.
Precisamente, este perfeccionamiento del Ejecutivo fue rechazado por la comisión de Trabajo del Senado, porque la fórmula abriría caminos explícitos al reemplazo en huelga.
Su rechazo, eso sí, provocó cuestionamientos en la oposición, debido al procedimiento utilizado de “dividir” la indicación original para su votación.
“La vuelta a la comisión de Trabajo justamente tendría que ver con que el gobierno nos pudiera patrocinar el contenido de lo que nosotros votamos. Como lo aprobamos parcialmente, estaba la discusión de si se podía o no”, explica un senador.
El gobierno también ingresaría nuevos ajustes en materia de subcontratación, aunque la fórmula no está del todo consensuada.
En cuanto a extensión de beneficios, el gobierno no estaría contemplando nuevas indicaciones, manteniendo la redacción emanada desde la Cámara con los ajustes menores logrados en el Senado. Aunque, asumiendo que a esta norma se le presentarán recursos de inconstitucionalidad, su discusión no estaría del todo zanjada. El descuelgue tampoco sufrirá nuevas modificaciones.
Los ministros Valdés y Rincón se reunirán, hoy y de forma separada, con la directiva del Partido Comunista (PC) y con los senadores de la Democracia Cristiana (DC).
El PC y la DC son los “polos opuestos” de la Nueva Mayoría, en lo relativo a negociación colectiva y derecho a huelga de los trabajadores.
El gobierno buscará consensuar posturas, tal y como lo realizó la semana pasada con la bancada de senadores del PPD.
Si el pacto no prospera, el debate laboral se posterga inexorablemente para marzo. Este análisis de algunos legisladores del oficialismo es compartido en el gobierno. Parlamentarios que se reunieron con el ministro de Hacienda concordaron en que Valdés habría relativizado el acuerdo.
“Haremos todo lo posible por lograrlo, pero si no se puede, la reforma se retomará en marzo, lo que no es nada terrible”, fue parte del mensaje que habría entregado el secretario de Estado.
Sin la oposición
La presidenta del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, y su símil del PC, Guillermo Teillier, cerraron la puerta a incluir en el acuerdo sobre la reforma laboral a la oposición.
“Las diferencias están en la Nueva Mayoría. No sé si va a haber acuerdo con la derecha”, expuso la senadora.
Algo más drástico fue el diputado Teillier, quien expresó: “Yo no voy a conversar con la oposición, yo converso con el gobierno”.
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