Con la molestia reflejada en su rostro y en el de los diputados oficialistas que lo rodeaban, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, confirmó que el Ejecutivo está convencido de la inconstitucionalidad del proyecto que esta mañana se despachó a Sala desde la Comisión de Trabajo –sin pasar por Hacienda- y que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas. Con esto, Chile Vamos anunció que la próxima semana va al TC.
En su minuto, el ministro reiteró frente a las cámaras, los argumentos esgrimidos al interior de la comisión para rechazar la moción liderada por la diputada comunista Camila Vallejo. "Yo tengo la obligación como ministro- más que hacer cosas populares- de decir la verdad, va a afectar el empleo y, particularmente, las remuneraciones de muchos trabajadores (...) cuando lo que hace es rebajar la jornada de 45 horas hasta un mínimo de 37 horas", explicó el secretario de Estado, replicando los argumentos expuestos en la comisión.
Ello, porque esta rebaja "brusca, como este proyecto lo hace, con cero aumento de la productividad, va a afectar la remuneración de los trabajadores, porque a ninguno se le va a pagar lo mismo por trabajar 45 que por trabajar 37 o 35", insistió Monckeberg. La autoridad, agregó en esgrimir el argumento de la rebaja brusca, pese al anuncio de la oposición de que cuando el proyecto sea discutido en la sala ingresará la indicación que establece la gradualidad de cinco años.
En contraste, Monckeberg hizo un rápido barrido por los méritos del proyecto presentado por el Ejecutivo que rebaja la jornada laboral a 41 horas promedio e introduce flexibilidad al trabajo: "Nosotros presentamos un proyecto, bien hecho, que rebaja el tiempo de trabajo, aumenta la productividad (...), este proyecto hace exactamente lo contrario", insistió.
Ante lo sucedido hoy, que el proyecto de Vallejo pasó directo a Sala y no a la Comisión de Hacienda, como pidió la derecha, Monckeberg anunció que "dado que parlamentarios de izquierda no quieren respetar las normas básicas de la Constitución, que obligan a actuar con responsabilidad, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para sean ellos los que determinen con claridad que ningún Presidente de la República, ningún parlamentario –del partido que sea y en el proyecto que sea- puede arrogarse atribuciones que la Constitución no le da".
Para concluir, Monckeberg indicó que el gobierno no actuará de esta manera, podría suceder que "el día de mañana, un parlamentario presentará por sí solo una moción para terminar con el IVA o con la gratuidad en la educación, eso es inconstitucional con cualquier gobierno", sentenció.
Mientras que el diputado de RN Francisco Eguiguren adelantó que la próxima semana los parlamentarios de Chile Vamos concurrirán al Tribunal Constitucional "para presentar el requerimiento y finalmente desenmascarar a esta izquierda y que el tribunal se pronuncie acerca de la constitucionalidad de este proyecto y así terminar una teleserie que a los únicos que perjudica es a los trabajadores".
Directo a Sala
Por su parte la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yeomans, valoró el que se haya logrado despachar el proyecto de ley en las sesiones del lunes y hoy martes y aclaró que la indicación que le introduce la gradualidad al proyecto será presentada en Sala, "eso para aclararlo, porque desde el ministerio estaban diciendo que no habrá gradualidad", indicó apuntando hacia Monckeberg, quien ha insistido en ese punto.
Y ante la certeza de que el Ejecutivo recurra al TC, la diputada replicó que "el proyecto es constitucional se ha definido eso dentro del mismo trámite legislativo. Estirar el chicle de esa manera termina restringiendo la democracia y nuestras atribuciones como parlamentarias".
Y explicó que no mandó el polémico proyecto a la Comisión de Hacienda, como pedía el oficialismo, porque siendo moción parlamentaria "no requiere informe financiero y ese fue el criterio que aplicó la secretaría desde el principio, porque la Comisión Técnica definida cuando ingresó el proyecto fue la Comisión de Trabajo". Además, la oposición espera que el proyecto se pueda votar en sala a fines de septiembre a más tardar.
Adicionalmente, Yeomans anunció que luego de la actuación de los diputados oficialistas que integran la Comisión de Trabajo, pasará a la Comisión de Ética al diputado UDI Patricio Melero, porque "no puede ser que aceptemos que dentro de las comisiones, finalmente, se incumpla el reglamento, se falte el respeto a la presidencia de la comisión y con ello se obstruya el debate".
La diputada, acusó a Melero no sólo de obstruir el debate, sino también de "faltas de respeto continúas durante todo el debate, impidiéndome a mí a conducir la comisión. Esas son razones justificables y suficientes para llevarlo a la Comisión de Ética"; también pasarán a su compañero de bancada Ramón Barros por faltarle el respeto a la vocera de la "Coordinadora 40 Horas".
Melero recibió con calma la noticia de que podría ser pasado a la Comisión de Ética, aseverando que todo lo ocurrido en la instancia de Trabajo, ocurre al "calor del debate", bajándole el perfil a las quejas de la presidenta de la comisión.
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