La semana pasada, la comisión de Trabajo del Senado inició el análisis de un proyecto que busca proteger el empleo ante despidos masivos.
La propuesta, impulsada por los senadores socialistas Isabel Allende, José Miguel Insulza, Gastón Saavedra, la PPD Loreto Carvajal, y la representante de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, busca regular las desvinculaciones que, en la gran y mediana empresa, involucren al 10% o más del total de la planilla o afecten a más de 1.000 trabajadores de un mismo empleador, en un período de 90 días corridos.
“Permitiría establecer un diálogo entre los trabajadores y la empresa para así, en conjunto, buscar la posibilidad de mantener los empleos, en la medida que ello sea factible”.
Giorgio boccardo, subsecretario del Trabajo.
Dicha regulación, dice el proyecto, será aplicable a la gran y mediana empresa.
El objetivo de la iniciativa es que los empleadores deban iniciar un proceso de consulta con las organizaciones sindicales previo a la implementación de los despidos, así como el deber de comunicar el inicio de este a la Dirección del Trabajo.
Como parte de esa dinámica, que será previa y obligatoria, se deberá abordar con los trabajadores las necesidades que determinan la decisión de los despidos masivos, y las medidas para evitarlos, reducirlos o atenuar sus consecuencias, a través de acciones de apoyo destinadas a la reconversión o readaptación de las personas afectadas.
La consulta deberá tener una duración no inferior a 45 días hábiles, que serán prorrogables por igual término, y el empleador no podrá proceder con los despidos hasta finalizado dicho proceso.
En los primeros cinco días, dice la propuesta, el empleador deberá comunicar a los trabajadores los motivos de la decisión de despidos; el número y los cargos de los trabajadores que serán despedidos; el período en que se realizarán las desvinculaciones; los criterios que se utilizarán para definir a las personas que serán afectadas; las condiciones de salida que se ofrecerán a las personas; y toda la información que sirva de sustento a la medida.
También se propone que exista una fiscalización especial destinada a evaluar la pertinencia y calidad de la capacitación, en el caso que los empleadores hayan utilizado franquicia tributaria con la finalidad de facilitar su reconversión o readaptación laboral de su personal.
Las observaciones del Gobierno
La semana pasada, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, expuso ante la comisión las primeras observaciones del Ejecutivo respecto a la propuesta legislativa.
“La preocupación del Ejecutivo, tanto por los despidos masivos en algunos sectores productivos, como la necesidad de contar con herramientas de capacitación ante eventuales transformaciones tecnológicas productivas, es compartida”, comenzó señalando.
Desde su perspectiva, se requiere de herramientas para enfrentar estas situaciones, algo que se ha confirmado en encuentros que han sostenido con diversos dirigentes sindicales.
De hecho, la autoridad laboral comentó que la regulación del despido masivo o colectivo es “una valiosa herramienta utilizada en distintos ordenamientos jurídicos y que existió en algunas ocasiones en nuestro país”.
Así, ejemplificó que la ley n° 7.747 de 1943, modificó el artículo 86 del Código del Trabajo del año 1931, incorporando un procedimiento ante la ocurrencia de despidos colectivos, el cual incluía diálogo con los actores y entidades públicas. No fue la única vez, en 1978 se crearon normas transitorias para actuar ante este tipo de desvinculaciones.
Si bien Boccardo recalcó que actualmente no existen mecanismos de este tipo en la actual legislación laboral, señaló que de igual modo se activan medidas similares al interior del Ministerio del Trabajo ante este tipo de situaciones.
“No contamos con una legislación, pero cuando los conflictos involucran a una cantidad importante de trabajadores, el Ministerio del Trabajo de facto interviene. No es algo ajeno a la realidad cotidiana que debemos enfrentar desde el ministerio”, comentó Boccardo, ejemplificando el diálogo y medidas que se activaron ante el cierre de termoeléctricas.
En la presentación que entregó la autoridad a los senadores de la comisión, se señala que el contar con este tipo de procesos “permitiría establecer un diálogo entre los trabajadores y la empresa, para así en conjunto buscar la posibilidad de mantener los empleos, en la medida que ello sea factible, propiciando relaciones laborales armoniosas y, con ello, la consecuente disminución del conflicto laboral”.
A modo de cierre ante la comisión, Boccardo planteó a los senadores la necesidad de escuchar la opinión de los diversos actores sobre este tema para construir una normativa que recoja los planteamientos de los involucrados.
Consultado hoy por el tema, el subsecretario recalcó que ven con buenos ojos la iniciativa.
"Nosotros como Ejecutivo valoramos que se comiencen a discutir este tipo de iniciativas, no solamente por la coyuntura económica que enfrentamos, sino que porque nos parece importante dotar al Estado, en este caso al ministerio del Trabajo, de herramientas que tienen que ver con la consulta, que tienen que ver con preparar a las empresas cuando se van a producir este tipo de cambios que son tan disruptivos, sobre todo porque como ministerio tenemos una experiencia práctica", comentó.
En esa línea, la autoridad laboral señaló que se trata de una iniciativa a la que van a darle seguimiento en su discusión, y que incluso se evaluará la posibilidad de ingresarle indicaciones.
"Contar con herramientas que puedan anticipar la preparación de este proceso o bien que Sence pueda comenzar a preparar con antelación a las personas para la reconversión laboral nos parece que es el camino. Nosotros vamos hacer el seguimiento, por supuesto evaluar si se le pueden hacer algún tipo de indicaciones por parte del Ejecutivo, pero en este momento nos encontramos evaluando el proyecto", dijo el subsecretario Boccardo.
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