Nueva línea de crédito Corfo para intermediarios financieros no bancarios enfocadas a pymes, por $ 81.600 millones (US$ 121 millones).
Los oferentes no tradicionales de crédito enfrentan dificultades para acceder a fondos que permitan una oferta más atractivas para las pymes, lo que se busca combatir con esta medida. Como explica el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, esto permitirá que al año 2018 alrededor de 20.000 empresas de menor tamaño se financien a través de cooperativas de ahorro y crédito, empresas de leasing, factoring, microfinancieras y estará disponible a partir del segundo semestre de este año.
Las pyme reaccionaron de manera tibia a esta iniciativa, ya que en términos de financiamiento señalan que “el mayor problema son las altas tasas que enfrentan los pequeños empresarios”, como explicó el asesor de la Conapyme, Enrique Román.
Expandir Programa de Cobertura Pro Inversión con foco en operaciones de largo plazo y proyectos tecnológicos e innovación, por más de $ 238 mil millones (US$ 354 millones).
Céspedes detalla que los cambios implican aumento en los topes de cobertura, plazos de créditos garantizados y límite de ventas de las empresas para acceder a estos beneficios. Así, la cobertura sube hasta por 80% (Fogain a 36 meses hasta 60%) del monto de operaciones de crédito y leasing por sobre 36 meses, con tope de UF 100.000 en coberturas. “El beneficio está destinado a inversión y compra de activos por parte de empresas con ventas anuales de hasta UF600.000”.
Sistema único de garantías mobiliarias.
La iniciativa busca que las pyme puedan utilizar de forma efectiva sus activos inmuebles -como maquinarias y vehículos- como garantías de crédito. Hoy este tipo de herramientas existe, pero no ha logrado ser una parte activa del sistema financiero.
La Conapyme ha propuesto medidas en esta línea, como recuerda Román, y plantea que su impacto dependerá de su avance, “ya que un anuncio genérico similar se realizó durante la campaña presidencial de Ricardo Lagos (1999) y no se ha cumplido nunca”. El gobierno espera ingresar el proyecto de ley al Congreso a más tardar en el tercer trimestre de este año.
Establecer un plazo máximo para acuse de recibo de copia de facturas.
Como describe Céspedes, actualmente los compradores pueden de manera unilateral retardar el acuso de recibo de la factura electrónica a fin de postergar el pago de deudas, “lo que genera problemas de liquidez para la pymes”. Román valoró esta medida y cree que tendrá un impacto positivo a la hora de impulsar el crecimiento.
Fomentar herramienta tecnológica del SII para acceso de la banca a información tributaria de empresas.
La medida busca facilitar los procedimientos de evaluación crediticia, combatiendo la falta de historial crediticio e información financiera que afecta principalmente a pymes y emprendedores. “La información respecto de solicitantes de crédito en general se traduce en la disminución del costo del mismo”, dice el ministro. Sin embargo, Román indica que puede ser “peligroso” para las pequeñas y medianas empresas, a menos que implique el consentimiento de los afectados.
Plataforma electrónica para trámites notariales y de conservadores.
Céspedes asegura que de aprobarse el proyecto de ley -que será enviado al Congreso a más tardar en septiembre- no será necesario enviar poderes o documentos en notaría por correo: éstos podrán solicitarse en línea desde cualquier parte del país, “reduciendo tiempo y costo”.
¿Otros beneficios? Se podrá acceder en línea a todas sus escrituras de propiedades y poderes entregados en todas las notarías y conservadores; iniciar trámites en línea accediendo a formatos pre-establecidos que el usuario puede editar y luego firmar en la notaría más cercana, obteniendo después su copia legalizada presencialmente o a través del sistema, verificar en línea la vigencia de los poderes, entre otros.
Priorizar el proyecto de ley que promueve el uso de la firma electrónica.
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