En el marco de la reunión que la semana pasada sostuvo la mesa de la Cámara, liderada por el diputado Raúl Soto (PPD), con su par de la Convención Constitucional (CC), encabezada por la convencional María Elisa Quinteros, el órgano legislador envió a primera hora de la mañana de este martes el oficio en el que entrega algunos “lineamientos generales” respecto de lo que debería ser el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias.
Tal como la mesa de la Convención le solicitó a una serie de organismos institucionales, entre los que se encuentran el Senado y la Cámara, esta última planteó cinco puntos que le parecen relevantes: como es el establecimiento de plazos que permitan a los órganos constitucionales dictar la normativa que ponga en vigencia cada capítulo de la nueva Constitución.
Según explica el oficio sobre este punto, se estima que la Convención debe considerar plazos razonables para que los poderes constituidos dicten las normas adecuatorias con el texto propuesto; pues en el caso particular de la Cámara de Diputados se requerirá adecuación respecto de la atribución que la propia CC le está entregando para legislar sobre algunas materias o, derechamente, -dice el oficio- legislación completamente nueva.
El segundo de los cinco puntos hace referencia a la “importancia de mantener la vigencia de normas que fueron del dominio legal y que no están derogadas”; en este sentido, el oficio explica que a la entrada en vigencia de la actual Constitución se estableció una norma transitoria que mantenía la vigencia de las normas legales que trataban materias fuera del dominio legal y desde la mesa de la Cámara estiman que es “necesario incorporar una norma similar”.
En el tercer punto de sus propuesta, el oficio de la Cámara aborda materias impositivas, si bien en el texto se reconoce que la propuesta de nueva Constitución reitera el principio de no afectación de los tributos a un fin determinado, se argumenta que en la Constitución del año 1925 se dictaron normas legales que tienen tributos con fines específicos y que aún se encuentran vigentes, por lo que por un tema de “certeza jurídica” piden que se mantenga la vigencia de tales impuestos.
La cuarta propuesta plantea postergar la entrada en vigencia de las normas relativas a materias presidenciales hasta que el Poder Legislativo dicte su normativa y regule la Secretaría de Presupuesto. Y, por último, en quinto lugar plantea la necesidad de una norma que asegure su continuidad de los funcionarios del Congreso Nacional.
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