La insistencia de un viejo conocido llevó a Andrea Tokman a la vicepresidencia del Consejo Fiscal Asesor (CFA). El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue su profesor, el guía de su tesis como ingeniera comercial de la UC y alguien a quien es prácticamente imposible decirle que no, como ha comentado la economista a sus cercanos respecto del nombramiento en este comité de transición, previo a su institucionalización como un grupo autónomo de quien esté a cargo de la billetera fiscal.
Proveniente de una familia de economistas, donde destacan su padre y sus hermanos, Carla y el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, a lo largo de su carrera Andrea ha cultivado el bajo perfil pese a que, tras cursar sus estudios de posgrado en Berkeley, se desempeñó en Cieplan y durante una década como asesora de la presidencia del Banco Central.
En paralelo, durante los últimos años ha sido convocada a integrar grupos de análisis surgidos de distintos sectores, como la comisión Asesora Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad, conformada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, o la Comisión de Productividad de la CPC y el Consejo Superior Laboral, una instancia tripartita que se creó al alero de la reforma laboral de la administración anterior.
Además, desde hace un par de meses es parte de las mesas para el Gran Acuerdo Nacional en Desarrollo Integral, conformada por el actual gobierno y de una instancia de análisis para el desarrollo positivo del adulto mayor, que impulsa la CPC.
Sus cercanos destacan que esta transversalidad responde al interés de Tokman por contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas desde un énfasis puramente técnico porque estima que es la mejor forma de arribar a buenas políticas públicas, más allá de los enfoques políticos. De hecho, por esta razón nunca ha militado.
Tokman es muy cercana a personajes como el exministro de Hacienda Andrés Velasco, hoy en Ciudadanos, y al nuevo presidente del Consejo Asesor Fiscal y desde este año militante de Evópoli, Klaus Schmidt-Hebbel.
Hacia la economía real
Nacida en Estados Unidos y madre de tres hijos, tras su paso por el instituto emisor la economista decidió dar un golpe de timón a su carrera y enfilar paulatinamente hacia el sector privado. En esta búsqueda, en 2011 fichó como directora ejecutiva del grupo Res Pública, instancia que era liderada por Schmidt-Hebbel y financiada por el empresario Andrónico Luksic, analizó 16 áreas vinculadas al desarrollo económico y social, equidad, sistema político, medio ambiente y entorno urbano, dando pie a 95 propuestas para futuras políticas públicas.
Luego de esta experiencia y tras haber prestado asesoría a instancias privadas como la Asociación de Supermercados, Tokman dio el paso que muchos economistas no se atreven a dar y en abril de 2014, con 44 años, se convirtió en ejecutiva de una empresa privada, asumiendo como economista jefe de Quiñenco. En la compañía controlada por el clan de origen croata comentan que esta decisión responde a su interés por salir de la teoría y ejercer con un pie en la realidad.
Tokman ha dicho a sus cercanos que su aterrizaje en el CFA será con la menta abierta y dispuesta a encontrar hacia dónde debe moverse esta instancia para acotar la responsabilidad fiscal y definir los modelos con los cuales se realizan las proyecciones, todo con el objetivo de transparentar esos cálculos y evitar episodios de desconfianza como el que rodeó recientemente a la instancia.
Parlamentarios ponen acento crítico en autonomía de la nueva institución
Por Alejandro Contreras
Hasta la sede del Congreso en Valparaíso llegó ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para explicar a los diputados los beneficios de contar con un Consejo Fiscal Asesor de carácter autónomo, como lo plantea el proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso.
Al exponer en la comisión de Hacienda, el secretario de Estado mencionó que países sin regla ni consejo fiscal presentan un déficit estructural del 5,1% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que aquellos que solo poseen regla tienen un saldo negativo de 1,5% del PIB y aquellos que suman el consejo no independiente uno de 1,4%. Ahora, en el caso de los que poseen una regla fiscal y además un consejo independiente, su déficit estructural llega a 0,6% del PIB.
El diputado Daniel Núñez (PC) hizo una observación al ministro solicitando que en su próxima disertación también se contemple como variable los países que aplican políticas keynesianas y la existencia de un Consejo Fiscal Autónomo.
A su turno, el diputado Giorgio Jackson (RD) cuestionó el mecanismo de nombramiento de la cabeza del consejo, el que dijo entraría a ser "una voz del Ejecutivo" de un órgano que se entiende autónomo en la medida que lo designa el Presidente de la República.
El diputado socialista Manuel Monsalve fue más allá y criticó la independencia de los consejeros, en la línea de que no se exige exclusividad en el cargo y que este no sería incompatible con la actividad privada. Qué pasa, consultó el parlamentario, "¿si ese consejero trabaja vinculado a un grupo económico importante del país o si es parte del directorio de un grupo económico?".
En su opinión, el conflicto de interés debería estar regulado en el proyecto de ley.
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