Finalmente, y tal como se había planteado al constituirse, el comité de ministros del área económica entregó el pasado 31 de marzo a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, el informe de cumplimiento de las 27 medidas para agilizar proyectos de inversión, identificados a mediados de noviembre y que buscó destrabar inversiones por unos US$ 6.000 millones.
La instancia, que contó con el coordinador macroeconómico de Hacienda, Claudio Soto, como secretario ejecutivo e integrantes a los titulares de los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo, Minería, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Energía y Medio Ambiente, evacuó a Palacio un informe de ocho páginas en el cual resume los principales detalles de las medidas dadas a conocer a fines de 2014.
Tras recibir el visto bueno de la jefa de Estado, las propropuestas deberán ser implementadas por el comité pro inversión, instancia liderada por el asesor de Modernización del Estado de Hacienda, Patricio Tapia, y conformada por funcionarios de las carteras de Interior, Defensa, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Educación, Trabajo y Previsión Social, Obras Públicas, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Energía y Medio Ambiente.
Y si bien la mayoría de las acciones se atuvieron al plan delineado en noviembre, dos ligadas a cambios al Código Minero brillaron por su ausencia en el informe final.
En el borrador entregado en dicha fecha, en las medidas de gestión 10 y 11, se contemplaban modificaciones a la normativa, por un lado, para cambiar la institucionalidad del amparo minero, aumentando los montos de las patentes y estableciendo un pago progresivo cuando no se utilizaran las concesiones. Por otro, se buscaba ajustar el Código para establecer las causales "reales" de caducidad en las concesiones "a fin de evitar especuladores".
Dichas novedades generaron la oposición del sector privado, principalmente del Consejo Minero, que planteó abiertamente que reducía la certeza jurídica para la inversión en el país, a lo que se le agregaba la eliminación del Decreto Ley (DL) 600 que regía la inversión extranjera en el país tras la aprobación de la reforma tributaria.
El diagnóstico inicial del gobierno -principalmente del Ministerio de Minería- apuntaría en la dirección de evitar el "abuso" de la solicitud de patentes para exploración y explotación minera, con fines distintos al de trabajar el mineral.
Según trascendió en su momento, la inclusión de esta medida habría generado roces entre Minería y Hacienda, en momentos en que la secretaría de Estado liderada por Alberto Arenas buscaba reducir la incertidumbre en el sector privado luego de aprobar la reforma tributaria y adentrarse en la tramitación de la reforma laboral
Los "reemplazos"
Al tachar estas dos medidas del catastro final, el grupo de trabajo propuso dos de alguna manera compensatorias.
La primera fue la elaboración de un informe -presumiblemente de parte de Sernageomin- sobre el estado actual de las concesiones mineras, el cual fue entregado al comité en enero de 2015.
"Este estudio servirá de base para la modernización de la política minera, dándole un impulso a la inversión en este sector", consigna el escrito.
Fuentes del mercado interpretan la medida como un "matiz importante" respecto a la propuesta original, la cual era más "directa" en apuntar a eventuales distorsiones en el mundo de las concesiones mineras.
Por otra parte, en marzo se entregó a los ministros del comité un estudio para modificar la institución de la denuncia de obra nueva, el cual concluyó con una propuesta de modificación legal que busque abordar la "problemática" del ejercicio "ilegítimo" de la acción de denuncia en este tópico.
En la práctica, la denuncia de obra nueva es un recurso legal que se presenta para detener o paralizar temporalmente la construcción dentro de una obra ya edificada.
Dicho recurso es posterior a la presentación de una denuncia por obra ruinosa, la cual se emite al inicio de una construcción considerada molesta o que genera externalidades negativas de parte de un tercero.
Este tema es particularmente sensible para el sector minero, ya que ambos recursos son presentados de manera reiterada por comunidades para dilatar el avance de proyectos de inversión.
Los otras áreas del plan
El escrito da cuenta de cambios relevantes en la tramitación de proyectos de inversión, entre los cuales se consideran modificaciones a los procedimientos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de un fortalecimiento de la Dirección General de Aguas (DGA) y la creación de un catastro territorial de propiedades fiscales en el norte del país, entre otros puntos destacados (ver nota relacionada).
"Se esperan mejoras significativas en tramitación de permisos"
Un mensaje de optimisto respecto del efecto que las medidas generarán en los privados expresó el comité de ministros del área económica. En el informe enviado a la presidenta, dicen que las propuestas de política tendrán un impacto "positivo" en la coordinación entre las entidades públicas y la "calidad" de sus pronunciamientos. "Se espera obtener mejoras significativas en los tiempos de tramitación de los permisos y autorizaciones sectoriales", consigna el escrito.
Asimismo, ratifica el objetivo del gobierno de "seguir trabajando" en el contexto de la alianza "estratégica público-privada".
A continuación, las 27 medidas:
1. Instructivos de los ministerios con competencias ambientales a sus respectivos seremis.
2. Asignar recursos para talleres de capacitación dictados por el SEA destinados a autoridades de gobiernos regionales.
3. Oficio a directorres regionales del SEA para coordinar una reunión del comité técnico previo al primer informe consolidado de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones (Icasara 1).
4. Asignación de recursos para el fortalecimiento del SEA por medio de la creación de grupos de trabajo para apoyar las evaluaciones de proyectos.
5. Generación de informes mensuales al consejo de ministros para la sustentabilidad sobre el cumplimiento de plazos en los pronunciamientos de servicios que participan en el SEIA.
6. Asignación de recursos para fortalecer la Conadi y cumplir la Ley Lafkenche.
7. Asignación de recursos para el fortalecimiento de las unidades a cargo de la tramitación de concesiones marítimas.
8. Oficio a intendentes sobre rol en comisiones de evaluación ambiental.
9. Asignación de recursos para fortalecer el SEA.
10. Asignación de recursos para fortalecer la DGA.
11. Plan de talleres de capacitación para consultores.
12. Asignación de recursos para fortalecer el Área de Borde Costero.
13. Asignación de recursos para el desarrollo de una plataforma digital con información de las concesiones marítimas vigentes y en trámite.
14. Creación de un plan de desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas.
15. Informe sobre el estado actual de las concesiones mineras.
16. Instructivo sobre caducidad de RCA.
17. Oficio aclaratorio del SEA para servicios públicos con competencias ambientales.
18. Oficio a directores regionales del SEA, instruyendo plazos para resolver consultas de pertinencia.
19. Guía del Minagri para trámites de construcción.
20. Nuevo reglamento de obras hidráulicas.
21. Catastro de propiedades fiscales en regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
22. Modificación del DS 14 de la DGA.
23. Instructivo a intendentes para asegurar funcionamiento de la Comisión Especial de Enajenación.
24. Ley que modifica el cierre de faenas mineras.
25. Estudio para la modificación de institución de "denuncia de obra nueva".
26. Cambio del reglamento de concesiones marítimas.
27. Entrega de facultades sancionatorias a Sernageomin.
Para ver el informe completo haga click aquí.
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