El Gobierno continúa desplegando esfuerzos en el marco de la agenda de seguridad. Y ayer, fue el turno de medidas que apuntan al patrimonio del crimen organizado.
El Ejecutivo entregó los ejes del proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito, que apunta a elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en Chile.
En específico, se busca aplicar inteligencia y métodos sofisticados, más información y trazabilidad de operaciones sospechosas.
El anuncio se realizó en una actividad en que participaron los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Interior, Carolina Tohá; de la Segpres, Álvaro Elizalde; de Justicia, Luis Cordero; y de la Segegob, Camila Vallejo.
Marcel explicó que el proceso de seguimiento de la “ruta del dinero” parte por la detección de operaciones sospechosas, para luego continuar un proceso de investigación y finalmente, en caso de que corresponda, la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo. El proyecto, agregó, busca fortalecer cada una de estas etapas.
Los tres ejes de la iniciativa
Un primer foco es el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, a través de la creación de unidades de inteligencia y de coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.
Así, el texto propone la creación de unidades de inteligencia dentro de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado.
El segundo eje apunta a la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, estableciendo requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas.
De esta forma, especificó Hacienda, la iniciativa incluirá una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras, y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
¿La idea? Que ninguna persona acusada o condenada en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades; ni adquirir o mantener 10% o más de participación societaria en ellas.
La tercera directriz corresponde a mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
Entre ellas se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros; establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas; y el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.
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