Lejana se percibe, por estos días, la polémica entre el oficialismo y la oposición por los más de US$ 5.500 millones en gastos sin financiamiento que denunció el Ministerio de Hacienda para el período 2018-2021, montos que fueron heredados desde el gobierno anterior.
Del total, alrededor de un tercio se explica por el mayor déficit en el sector salud, principalmente en el sobregasto en los servicios hospitalarios, que el año pasado ya alcanzaron los US$ 1.000 millones.
En su último informe, titulado “Déficit y deuda en la salud pública: se deben sincerar las cifras”, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) proyecta que si la autoridad no toma medidas de contención del gasto en este ítem, el impacto sobre las cuentas fiscales no sería menor.
En detalle, estiman que si la autoridad reconoce este “permanente y recurrente” gasto sobre la ejecución y sin generar el espacio “correspondiente”, el Presupuesto fiscal crecerá entre US$ 1.200 y US$ 1.500 millones anuales.
¿Cómo se traduce esto en la caja fiscal? El gasto público crecerá en torno a 2% adicional cada año, mientras que el déficit efectivo y estructural de las cuentas públicas en 0,5 puntos del PIB, “contradiciendo el deseo de la autoridad de llevar el balance estructural al equilibrio en el mediano plazo”, dice el reporte.
Para este año, de hecho, el think tank enfatiza que sin medidas compensatorias o de ajuste de gasto, el erario nacional crecería en torno a 6%, el lugar del 3,9% que aprobó el gobierno anterior.
Esto, enfatiza LyD, estaría “muy por sobre” la expansión de 3,6% que se anticipa para la economía este año, según la última Encuesta de Expectativas del Banco Central.
¿Dónde apretar?
El informe del centro de estudios pone la lupa en los ítemes donde se genera la sobreejecución de recursos en Salud.
En esta línea, enfatiza que el mayor gasto a lo aprobado se produce “principalmente” en los desembolsos en pagos a personal y bienes y servicios de consumo. Mientras que en el apartado de inversión se observa una “permanente” subejecución de los fondos.
El análisis establece que en la última década, el gasto presupuestado para personal y consumo creció 114% real, pero que el gasto efectivo fue superior, totalizando 133% real.
Así, LyD calcula que si entre los años 2008 y 2013 la ley de Presupuestos original alcanzaba a cubrir de forma estable en torno al 90% del gasto efectivo, el año pasado dicha proporción cayó a apenas el 80% de los recursos efectivamente devengados.
El informe plantea algunas medidas para evitar el mayor gasto al permitido en el rubro sanitario, como establecer un sistema de información del gasto en personal en Salud para hacer un mejor seguimiento, y generar una institucionalidad “adecuada” que integre al ISP, la Cenabast y las subsecretarías de Salud Públicas y Redes Asistenciales.
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