Fraude a la ley, abuso de poder, malversación negligente, aplicación pública diferente... Todos estos actos incluye el informe que preparó el equipo jurídico formado por el senador Jovino Novoa (UDI), sobre los recursos destinados al Transantiago.
Luego de varios meses de investigación, el grupo de abogados liderado por Giovanni Calderón, indagó diferentes aspectos relacionados con la fallida puesta en marcha del plan, para establecer las responsabilidades constitucionales, administrativas y penales que les correspondan a quienes diseñaron e implementaron el sistema. “Hay miles de millones que se han perdido, es una vergüenza que nadie responda por ellos”, sostuvo Novoa.
De acuerdo a Calderón, la indagatoria les permitió concluir que en el proceso existió “negligencia en la utilización de los fondos públicos”. Por ello, en las próximas semanas entregarán los antecedentes a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Nacional Económica.
Según consta en el documento, el actual sistema se sustenta débilmente en la legalidad, dado que para su creación no se cumplió con las disposiciones legales necesarias. Por ejemplo, Calderón explica que en virtud del artículo 3° de la Ley 18.686, para hacer cambios en el sistema de transporte público el Ministerio de Transportes (MTT) debió haber contado con un informe favorable de parte de las comunas involucradas, pero “estos informes no existen”. De este modo, habría responsabilidades constitucionales relacionadas con inejecución de ley y abuso de poder. Además, establece responsabilidades administrativas por parte de autoridades del MTT, por cuanto habrían provocado perjuicio económico al Fisco a través de la condonación parcial del aporte de los operadores a la Reserva Técnica (RT) y de las multas por incumplimiento. Tanto la RT como las multas fueron usadas por el Ministerio como herramientas de negociación para modificar los contratos, razón que permite a los juristas concluir que la cartera se excedió en el ejercicio de sus facultades y, dado que el aporte a la RT fue uno de los aspectos evaluados en las licitaciones, existiría una aplicación pública diferente.
El documento contempla también posibles responsabilidades penales, pero para entregar los antecedentes al Ministerio Público, Calderón explicó que aún faltan algunos datos que fueron requeridos a través de oficios de la Cámara de Diputados a los servicios respectivos.
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