Los problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) han generado un “álgido” debate público. Ejemplo de esto es el paro de profesores registrado en 2023 en el SLEP de Atacama, que mantuvo a cerca de 30 mil alumnos sin clases durante casi 80 días.
A raíz de las críticas, en la discusión del Presupuesto 2025 en primera instancia se rechazó la reposición de gastos para estos organismos, pero con posterioridad se logró un acuerdo que involucró postergar la entrada en vigencia de algunos.
La polémica ley, que se aprobó en 2017, estableció un nuevo sistema de administración para los establecimientos educacionales públicos en Chile, regulando la transferencia progresiva de estos desde los 345 municipios hacia 70 SLEP.
El reporte advierte que una de las situaciones “más críticas” que hoy enfrenta el sistema educativo nacional es la falta de vacantes disponibles.
En un informe del centro de incidencia Pivotes, los investigadores José Manuel Astorga, Joaquín Sierpe y José Antonio Valenzuela plantean sus reparos al rol que están jugando los SLEP en la educación chilena.
A juicio de los expertos, algunos de los problemas son la falta de proyección de largo plazo debido a la excesiva influencia de los ciclos político-electorales; baja rendición de cuentas y dilución de responsabilidades, con la administración en manos de los municipios y el rol técnico-pedagógico en el Ministerio de Educación; capacidades desiguales, producto de la disparidad de recursos entre municipios; y atomización y escala inadecuada, ya que la escala comunal no garantiza sustentabilidad ni condiciones para asegurar calidad y equidad en el sistema.
Desde el Gobierno actualmente tramitan una reforma a dicha ley, pero a juicio de la entidad, esta parece “enfocarse más en que las soluciones sean implementadas por los nuevos administradores estatales, que en la calidad y oportunidad de las mismas, desestimado sin fundamento las oportunidades que ofrece el carácter mixto de nuestro sistema educacional”.
Pivotes propone abrir la puerta para que aquellos sostenedores que demuestren estar más capacitados para garantizar una educación de calidad puedan entrar a administrar los establecimientos educacionales que no muestren resultados esperados. Eso incluiría a entes privados de probada trayectoria y con altos estándares en materia educativa, como gremios o a municipios.
Un ejemplo de esto es la administración de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) en liceos técnico profesionales.
El caso Reino Unido
Para sustentar su propuesta, Pivotes utiliza dos ejemplos: Países Bajos y Reino Unido. En el caso del segundo, dentro del sistema educativo existen las academies, que son escuelas privadas con financiamiento estatal y que en 2023 concentraban el 54% de la matrícula en niveles primario y secundario.
Estas surgieron para reemplazar administraciones estatales insuficientes de establecimientos educacionales, priorizando la efectiva garantía del derecho a la educación.
Para que una escuela en Reino Unido se transforme en una academy -es decir en un establecimiento con financiamiento público, pero administrado por un privado- debe partir por una consulta a todas las partes interesadas relevantes, como el personal de la escuela, los apoderados, los estudiantes y la comunidad local.
Para ello, la escuela debe presentar una solicitud formal al Departamento de Educación con argumentos claros sobre los beneficios esperados de la conversión, así como una visión de cómo la escuela mejorará su desempeño académico y administrativo bajo el estatus de abordar cómo la escuela planea mantener altos estándares educativos y gestionar sus recursos de manera eficiente. Si la solicitud es aprobada, se firma un acuerdo de financiamiento con el Estado que detalla las expectativas en términos de desempeño académico, cumplimiento de normativas, y uso de fondos públicos.
“Sostenemos que la mejora de nuestro sistema educacional exige revalorizar su carácter mixto, permitiendo que los administradores de la oferta pública sean aquellos sostenedores que demuestren estar más capacitados para garantizar una educación de calidad con la urgencia requerida, sean estatales o privados”, explica Astorga.
La propuesta
Pivotes propone utilizar la figura de los convenios de administración delegada de la educación técnico profesional, cumpliendo con estándares regulatorios exigentes, como los establecidos para las academies en el Reino Unido. Y los actuales SLEP podrían evolucionar hacia organizaciones de “segundo piso” que deleguen.
El reporte también postula que una de las situaciones “más críticas” que actualmente enfrenta el sistema educativo nacional es la falta de vacantes disponibles. Para resolver estos casos, hoy se entrega preferencia a los establecimientos estatales. En Pivotes formulan que se permita implementar un conjunto diverso de estrategias que aprovechen la experiencia de sostenedores con una trayectoria destacada en el sistema educativo.
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