Por JImena Catrón Silo
Era uno de los informes más esperados en la investigación por el fraude de La Polar. Y es que el estudio que fue encargado por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, liderada por el fiscal José Morales, tenía como objeto calcular la diferencia en los estados de resultados publicados por el retailer, desde 2006 hasta que estalló el escándalo a mediados de 2011, y los que realmente se deberían haber presentado ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). ¿El resultado? La compañía entonces encabezada por Pablo Alcalde debería haber informado unos US$ 1.200 millones ($ 580.000 millones) menos en todo ese período acumulado.
El documento, que hasta el momento se ha mantenido en estricta reserva, analiza las implicancias que el maquillaje de las cifras tuvo en los principales indicadores de la compañía, lo que a su vez podría dar pie a la arista civil en el caso, ya que todos aquellos inversionistas que usaban como base en sus modelos de proyección los resultados informados, podrían usar estas conclusiones para presentar demandas civiles y solicitar indemnizaciones.
De hecho, cabe recordar que la Superintendencia de AFP formuló cargos -los que después retiró- contra Capital por haber comprado acciones del retailer al día siguiente de hacerse conocido el fraude, ya que no habría resguardado la rentabilidad y seguridad de los fondos que administra. Y justamente uno de los argumentos de la administradora para explicar por qué había comprado los títulos fue porque para cuantificar el riesgo que se enfrentaba y analizar los retornos esperados, se usaba la información pública disponible que incluía, entre otros, los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2010, los balances de marzo de 2011, entre otros.
Según comentan fuentes de distintas AFP, una vez que este informe sea conocido públicamente, tomarán la decisión de entablar dichos recursos en tribunales contra quienes resulten responsables.
La reformalización
El informe de la Universidad de Chile era uno de los últimos que faltaba para la audiencia en la que la Fiscalía solicitará la reformalización de los ex ejecutivos de La Polar, Pablo Alcalde, María Isables Farah y Julián Moreno, entre otros.
Otro estudio, realizado por la Universidad Católica de Valparaíso, acreditaría que todas las gerencias corporativas de la compañía se encontraban en conocimiento de las repactaciones unilaterales.
En la jornada, que se llevará a cabo el 1 de agosto, el Ministerio Público presentará los antecedentes para formalizar a los posibles implicados por entrega de información maliciosamente falsa al mercado, infracción al artículo 59 letra F de la ley de Mercado de Valores; delito de uso de información privilegiada; delito del artículo 160 de la Ley general de bancos, además de lavado de activos.
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