El 4 de noviembre de 2013, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sumó una nueva victoria legal, la sexta en estos últimos 18 meses, en la estrategia que estableció para defender los intereses del Estado, señalan en la cartera.
Así, a fines del año pasado, la cartera que dirige Loreto Silva obtuvo una sentencia a su favor en el juicio arbitral iniciado a solicitud de la concesionaria Vespucio Norte Express.
En dicho proceso, la concesionaria –ligada al fondo canadiense Brookfield- pedía que se condenara al MOP a pagar poco más de 4,2 millones de UF por pérdida de ingresos derivada de la extensión de Costanera Norte hacia el poniente, hasta la Ruta 68, lo que evitaba que se pasara por su concesión al viajar a Viña del Mar, como estaba contemplado en un inicio. Sin embargo, la Comisión Arbitral desestimó la demanda y condenó al MOP a pagar sólo 115.476 UF.
Esta es la segunda demanda arbitral que la misma concesionaria pierde contra el ministerio, pues en noviembre de 2012, fue demandado por Vespucio Norte exigiendo un pago de poco más de 1,3 millón de UF, entre otros conceptos, por mayores costos de construcción. En esa ocasión, la Comisión Arbitral desestimó la demanda y ordenó al MOP pagar sólo 214.000 UF más intereses.
Decisiones de la Comisión
En otro frente, la Comisión Arbitral recientemente también falló a favor del MOP, declarando que la hispana Comsa había incurrido en incumplimientos graves en su contrato de concesión de la Ruta 60 -que une Melipilla con el Lago Rapel y forma parte del Camino de la Fruta-, por lo que estaría en condiciones de extinguir el contrato y de relicitar la obra en un plazo de 180 días.
Según explicó el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, lo que viene ahora es que el MOP nombre a un interventor mientras se ejecuta la sentencia, tras lo cual se llamará a un nuevo concurso público.
Sumado a ello, durante diciembre pasado la Comisión Conciliadora entregó su dictamen por el conflicto en el caso de la Carretera de la Fruta. En este proceso, el Consorcio Vial Chile -compuesto por Besalco Concesiones, Empresa Constructora Belfi e Icafal Inversiones-, que se había adjudicado la concesión, se amparó en una cláusula del contrato y solicitó la extinción de la concesión, puesto que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) exigía que se realizaran obras de mitigación superiores a las 250 mil UF.
Ante esto, el concesionario acudió ante la Comisión, quien accedió a la petición, pero desestimó el pago de indemnizaciones. Se estableció que solamente se debe restituir al grupo las 750 mil UF que habían entregado al MOP como primera cuota de las expropiaciones que debieron realizarse.
Además, ante la comisión ahora se están viendo otras restituciones que pudieran pagarse, entre ellas por los estudios realizados.
Con todo, el subsecretario señaló que como Ministerio “hemos seguido una estrategia de defensa de los intereses del Estado y de poder sacar adelante de la mejor forma las obras en beneficio de los chilenos”.
De hecho, comentan al interior de la cartera, se formó un equipo especializado para ver estos temas, el cual fue denomibado como de Defensa Judicial.
Triunfos previos
Estos últimos triunfos se suman a otros procesos que ha ganado el MOP. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema declaró inadmisible recurso de casación interpuesto por la concesionaria de Convento Viejo contra una resolución previa de la Corte de Apelaciones que estableció que las demandas de cumplimiento de acuerdos conciliatorios debían ser conocidas por la justicia ordinaria y no por la Comisión Arbitral, como pretendía la sociedad concesionaria. Esta sentencia sentó jurisprudencia al establecer que la competencia de las comisiones arbitrales es de derecho estricto y no puede ser extendida.
Un año antes, en noviembre de 2012, el ministerio también había obtenido una sentencia a su favor en un arbitraje interpuesto por el consorcio BAS –formado por las empresas Besalco, Sodexo y Torno-, del Grupo 1 de Cárceles. En esa ocasión la firma solicitó una indemnización de 113.166 UF por perjuicios de mayores costos de explotación. En este caso, la Comisión Arbitral desestimó la demanda y condenó al MOP a pagar sólo 16.554 UF.
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