El Tribunal Ambiental de Santiago admitió a trámite una demanda por reparación de daño ambiental en contra del Consorcio Santa Marta, presentada por un grupo de vecinos de San Bernardo y Talagante, luego del colapso de masa e incendio que afectó al relleno sanitario en enero recién pasado.
Los demandantes solicitan al Tribunal Ambiental que condene a la empresa a reparar el medio ambiente dañado, decrete el término de la vida útil del relleno y, por lo tanto, la instruya para que elabore y ejecute un plan de cierre del recinto; disponga la cobertura final del depósito, la extracción de lixiviados y líquidos percolados y el manejo de lixiviados y biogás de una forma reparatoria para el medio ambiente dañado; selle las membranas de impermeabilización; habilite un sistema de monitoreo y control de la reparación; restablezca los cierres y canales perimetrales, reforeste las áreas protegidas o de conservación, recupere las laderas de cerros con vegetación nativa; y adopte medidas de prevención y control de aves, de emisión de material particulado y de prevención y control de olores.
El Tribunal Ambiental confirió traslado a la empresa para que informe, en el plazo de 15 días hábiles, respecto de los puntos planteados en la demanda.
A mediados de enero, y tras el incendio que lo afectó, el Tribunal autorizó, por un plazo de 15 días hábiles, la detención del funcionamiento de las instalaciones del relleno sanitarios. Luego de este período la SMA formuló cargos contra Consorcio Santa Marta, abriendo un procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa, y solicitando al Tribunal Ambiental la autorización para aplicar una nueva medida contra el depósito, esta vez la clausura temporal parcial de sus instalaciones (ordenando que solo podrá disponer y operar el área identificada como "zona de seguridad- Celda 1").
El proyecto, cuyo titular es el Consorcio Santa Marta, fue concebido como una alternativa al relleno sanitario Lepanto y consiste en la construcción, operación y abandono de un sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos de la zona sur de Santiago. Tiene una vida útil de 20 años, a partir de 2002, y cuenta con 13 distintas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA's) emitidas tanto por la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema Metropolitana; y la Comisión de Evaluación Ambiental, CEA Metropolitana, entre 2005 y 2013.
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