Un crecimiento del 14% en sus ventas registró la Zona Franca de Punta Arenas al primer trimestre de 2015. Esto en medio de acusaciones de incumplimientos que ha recibido su concesionaria, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), ligada al grupo Fischer.
Según explicó el gerente general de esta última firma, Eugenio Prieto, este desempeño favorable responde al incremento de las visitas al recinto, que durante el período informado aumentaron un 24%. Al cierre de 2014 las visitas alcanzaron los 7,9 millones, un alza de 20,4% comparado con el año previo.
Este resultado se ha traducido además en el pago de $ 1.323 millones al gobierno regional que forma parte de la concesión y corresponden al 28% de los ingresos brutos percibidos el año pasado. En el acumulado durante los ocho años de su operación SRI ha traspasado $ 7.413 millones al gobierno regional.
Si bien las cifras son auspiciosas, este positivo escenario no es compartido por la Cámara Franca, gremio que reúne a 45 usuarios del recinto y que han acusado a la operadora por incumplimientos.
Cuestionamientos
Uno de los puntos controvertidos es el plan de inversión comprometido y de reinversión que se le exige a la firma, el cual según el contrato corresponde al 6% de las ventas.
Por ello, la Contraloría ofició a la Intendencia, que realizó una fiscalización en 2014, en la que detectó un cumplimiento del 53,7% de las obras comprometidas y un atraso de 9.848 UF en los trabajos de reinversión correspondiente al primer trienio de operación.
"Con todas las acusaciones que hemos hecho ya se debería haber caducado la concesión. SRI apenas ha crecido 0,6% en metros cuadrados, no ha habido un desarrollo y están haciendo un mall que pierde el sentido de la zona franca", dijo el presidente de la Cámara Franca, Marcelo Muñoz.
El Seremi de Hacienda, Christian García, quien es el secretario de la comisión que actúa como contraparte del contrato de concesión, explicó que no tomarán acciones previo al pronunciamiento de la Contraloría.
"Si hay falencias o déficit se deberán cursar las multas, nos sentaremos a conversar con la concesionaria o se tomarán otras acciones, pero no podemos avanzar mientras no esté resuelta la materia de la Contraloría", precisó.
Prieto afirma que la empresa ha ejecutado un 78% del valor comprometido en el contrato, que alcanza 261 mil UF, unos US$ 11 millones.
"Creemos que estas críticas tienen su origen en que las bases de licitación se congelaron las tarifas a los usuarios por diez años y en agosto de 2017 todos deberán suscribir contratos a tarifas de mercado. Hemos dado fiel cumplimiento al contrato y todas estas inversiones han impulsado un nuevo dinamismo a la zona franca", advirtió el ejecutivo de la firma.
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