La empresa Acciona Construcción S.A. Agencia en Chile –vinculada al conglomerado español del mismo nombre- presentó una demanda en contra del fisco de Chile, solicitando una indemnización de $ 21 mil millones. Esto, como parte del proyecto denominado Construcción Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna (Cárcel de Talca), que la contratista se adjudicó en junio de 2017.
“El proyecto encomendado resultó que no era completo, ni definitivo; debiendo la demandada modificar continuamente el proyecto una vez celebrado el contrato mediante la incorporación de diferentes modificaciones, más la ejecución de diversas obras extraordinarias y/o adicionales que no estaban contempladas (…) al extremo de provocarle a nuestra representada una enorme pérdida económica”, dijo Acciona en su demanda, representada por el estudio Molina Ríos, la que fue acogida a trámite a fines de febrero.
La firma aseguró en el documento que la obra sufrió 16 modificaciones de contrato con el respectivo aumento de plazo que las partes se vieron en la obligación de introducir en plena ejecución de la iniciativa. “Todo lo cual supuso un aumento del plazo original del contrato de 34 meses (1.020 días) a casi 48 meses, en otras palabras, el recinto modelo que debía construirse en casi tres años, finalmente terminó construyéndose en más de cuatro años, incrementando su valor en más de US$ 140 millones”, sostuvo.
Los aumentos del plazo de duración de las obras –dijo la empresa- supusieron que el período de estadía de la constructora fuera sustancialmente superior al contemplado en el contrato, lo que causó –aseguró- que debiera incurrir en significativos “mayores costos”, “mayores gastos”, “costos financieros” y “perjuicios”, lo que busca sea reparado a través de una sentencia judicial.
La obra es considerada el centro penitenciario con enfoque en la reinserción laboral, más grande del país. Emplazado en la comuna de Talca, considera un edificio de 58.737 metros cuadrados, en un predio de 40 hectáreas. Su capacidad máxima es de 2.320 plazas de internos.
El recinto además cuenta con 1.400 cámaras de seguridad, un gimnasio, un hospital penal, una escuela y una central de producción de alimentos. Cuenta con certificación energética, por la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales y de placas fotovoltaicas que generaran energía verde.
La compañía sostuvo ante la justicia que, tratándose de un contrato de ejecución a precio único y fijo, los antecedentes técnicos –que debían ser completos y definitivos– revestían la máxima importancia para que el contratista pudiese hacer una relación detallada de sus costos, y, en definitiva, formular una oferta atractiva para ambas partes, compatibilizando el interés público y privado.
“Acciona no ha sido indemnizada por el mayor ‘gasto general’ y los ‘mayores costos’ originados por los aumentos de plazo del contrato, no obstante, reiteramos que dichos aumentos constituyen hechos pacíficos y no controvertidos que se encuentran fuera de toda discusión, al reconocerse su procedencia en las diversas modificaciones contractuales la extensión del plazo en 684 días, es decir, aproximadamente más de un año y medio adicional”, dice el documento.
La compañía destacó que culminó la totalidad de las obras. Sin embargo, sostuvo que este logro se produjo a costa de su patrimonio. “De no acogerse la presente demanda, el MOP-Dirección Regional de Arquitectura del Maule se enriquecerá a costa y en perjuicio de Acciona, sin una causa real y justa, lo cual no sólo resulta contrario a lo convenido, sino que además representaría un beneficio injustificado, rompiendo el equilibrio económico-financiero de las prestaciones asumidas por las partes, debiendo la demandada indemnizar todos y cada uno de los perjuicios”, afirmó la empresa.
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