Sigue latente el peligro que estalle un nuevo conflicto en la industria del litio. Aunque hace solo dos años Corfo y Albemarle se enfrentaron en un arbitraje por no lograr un entendimiento respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio -cuyo objetivo era implementar una industria de valor agregado en Chile-, se podría activar otro proceso que, hasta el momento, mantiene a las partes firmes en sus convicciones.
La estatal reclama a la competidora de SQM en el Salar de Atacama por incumplimientos en pagos por un contrato, cuya deuda alcanzaría casi US$ 11 millones.
Pablo Terrazas Vicepresidente ejecutivo de Corfo. Ellen Lenny-Pessagno Country manager Chile de Albemarle.
El caso se remonta a un convenio básico que el 13 de agosto de 1980 suscribió Corfo con la entonces empresa Foote Minerals Company (actual Albemarle Lithium). El objetivo era desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Atacama en parte de dichas pertenencias y construir una sociedad para la producción y venta de productos del metal, libre del pago de regalías o de otros cargos, y para la comercialización de productos de magnesio que se extraigan y procesen a partir de las salmueras.
En ese escenario, Foote Minerals Company y Corfo crearon la Sociedad Chilena de Litio Ltda. -SCL, luego Rockwood Litio Limitada y actual Albemarle Limitada-, con una duración igual al plazo necesario para explotar, producir y vender 200 mil toneladas métricas de litio metálico equivalente, estableciéndose un plazo inicial de 30 años, prorrogables automáticamente por plazos sucesivos de cinco años cada uno. Luego, Corfo dejó de ser parte de esta sociedad.
El convenio básico está vigente y ha sufrido modificaciones, siendo la última de ellas un anexo que se firmó en 2016. Entre los ajustes, Corfo autorizó a Albemarle una nueva cuota para la producción y comercialización de litio, adicional a la ya existente, asociada a nuevas inversiones para expandir la capacidad productiva de la compañía.
En ese anexo se fijó que Albemarle pagaría una comisión sobre las ventas de productos de litio y demás productos extraídos del Salar de Atacama. Y, si bien desde su entrada en vigencia en 2017 se aplicó el contrato sin problemas, estableciendo como precio provisional de pago aquel que definía un perito para el trimestre anterior, este año el escenario cambió.
Esto, porque la minera habría decidido cancelar el monto correspondiente al primer trimestre de 2020, de acuerdo a lo que consideró era el “espíritu del anexo”, sin tomar como referencia el valor definido por el perito, como se había realizado hasta esa fecha.
Así las cosas, Albemarle informó a Corfo el 31 de julio sobre la liquidación y pago de las comisiones al segundo trimestre de este año, pero la estatal impugnó nuevamente los montos.
Versiones cruzadas
En septiembre, Corfo le comunicó a la compañía que daría inicio formal al procedimiento de resolución de disputas previsto en una de las cláusulas del anexo al convenio básico; es decir, un arbitraje. Según un oficio enviado a la Cámara de Diputados por el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Pablo Terrazas, se consideró lo señalado por la minera el 30 de julio en una carta donde expresó “su negativa de pagar lo adeudado, lo que se traduce en un incumplimiento”.
“A juicio de esta corporación, el conflicto (...) no se puede entregar a un perito técnico, pues se requiere realizar una evaluación del alcance de las obligaciones contractuales asumidas por las partes”, aseguró.
Y agregó que “el incumplimiento en que está incurriendo Albemarle no levanta una cuestión de carácter técnica o numérica que incida en una liquidación determinada”.
¿Qué pasó? Consultado Corfo, señaló que, si bien no ha iniciado aún el arbitraje, ya está tomada la decisión.
El siguiente pago fue el 30 de octubre y también se habría hecho bajo el mismo criterio de las últimas cuotas. Y, aunque el tiempo transcurrido podría crear esperanzas de un acuerdo antes que se inicie formalmente un arbitraje, según trascendió, las partes no cederían en sus posturas.
Albemarle explicó que, si bien el mecanismo operó sin problemas, “debido a los cambios en el mercado del litio, por primera vez el precio final fue más bajo que el provisional”, por lo que la minera pagó una comisión mayor a la correspondiente. Por esto, creen que el mecanismo que el propio contrato establece es el camino correcto, es decir, que la pugna sea resuelta por un perito.
Es decir, “Albemarle pagó, por tres trimestres consecutivos en 2019, una comisión mayor a la correspondiente, que equivale a más de US$ 3 millones”.
Así, la minera dijo no entender “la insistencia de Corfo de ir a un arbitraje internacional”, que podría demorar años e implicar mayores costos. Y, aunque se mostró dispuesta a dialogar, reiteró que no han incumplido el contrato y pedirá el reintegro del dinero “pagado de más”.
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