La empresa Enex, sociedad a través de la cual el Grupo Luksic maneja la cadena de estaciones de servicio Shell en Chile, inició una acción judicial en contra del Fisco. En ésta, el holding busca una mayor indemnización luego que se decretara un proceso expropiatorio de una de sus bencineras como parte de la extensión de la Línea 2 del Metro.
"Nadie discute el hecho de que el afectado por una expropiación por causa de utilidad pública tiene el derecho reconocido y consagrado en el texto mismo de la Constitución Política de la República, de ser indemnizado por el daño patrimonial efectivamente causado por la expropiación", dijo el abogado de Enex, Germán Pfeffer, en un escrito presentado a la justicia.
Añadió que el precio que ha fijado la Comisión de Peritos por edificaciones, plantaciones y/o especies forestales, obras complementarias y otros, está aproximadamente en más de un 50% más bajo que el valor de mercado de aquellos bienes.
"Esto impide que Enex pueda recuperar -al menos- la cuantiosa inversión de bienes que emplazó en el terreno expropiado que a su vez representó un servicio útil a la comunidad", sostuvo el abogado.
La estación de bencina en cuestión se ubica en la calle Alejandro Guzmán 91, comuna de El Bosque. En el lote –de 1.729,76 metros cuadrados- opera una bencinera con una tienda y lavado de automóviles, entre otros servicios.
"La estación de servicios de mi representada se ubica en un sector estratégico de El Bosque con alta proyección urbanística", sostuvo Pfeffer. "El sector objeto del debate representa un importante eje económico de la comuna", añadió.
La Comisión de Peritos fijó como indemnización provisional el equivalente a $ 664.945.150. De esto, Enex dijo que es dueño de poco más de $370 millones, correspondiente a las edificaciones y obras complementarios, mientras que el resto es de los propietarios del terreno que se lo habían arrendado a la empresa.
El abogado de Enex dijo que la compañía pretendía recuperar la millonaria inversión que comprende los innumerables emplazados en el lote y el pago del usufructo a los dueños del terreno, a través de las utilidades obtenidas en la estación de servicios.
"Así, con los datos obtenidos del Ebitda correspondientes a los años 2017 y 2018, mi representada dejará de percibir un promedio $ 585 millones anuales y que al año 2027, ascenderían a $ 4.680 millones aproximadamente", detalló Pfeffer.
"Como se puede apreciar, ninguno de los perjuicios que en este ítem se mencionan fueron considerados por la Comisión Tasadora, quienes al parecer, se transformaron en custodios de las arcas fiscales olvidando el carácter imparcial que deben tener durante este procedimiento, más aún cuando la ejecución de sus labores es remunerada con recursos fiscales", añadió el jurista.
Con todo, la empresa solicitó como indemnización por las edificaciones y obras complementarias, entre otros ítems, un valor de 75.223 Unidades de Fomento, poco más de $ 2.084 millones.
"Es absolutamente injusto y arbitrario que por causa de la falta de minuciosidad de los profesionales que componen la comisión, sea mi representada quien deba asumir el perjuicio patrimonial que la expropiación le ha causado", remató Pfeffer.
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