Con movimientos de última hora, parlamentarios y empresas buscan dar respuesta al fin de la ley 21.249 que prohibió el corte por no pago de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- en medio de la pandemia y que vence su aplicación el próximo 8 de noviembre.
Luego de que el 18 de octubre los senadores Carlos Bianchi y Yasna Provoste presentaran un proyecto en el Senado para prorrogar los efectos de la discusión, recién ayer comenzó su tramitación en la comisión de Economía, la que en una sesión que se extendió por más de cuatro horas dio luz verde a la iniciativa, la que ahora continuará su trámite en la Sala.
Juan Carlos Jobet, Ministro de Energía. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG
Y aunque las sanitarias anunciaron hace unas semanas la extensión de los beneficios hasta abril del próximo año, el sector eléctrico y las autoridades de la cartera se habían mantenido herméticos. Este miércoles se rompió el silencio, sin ocultar las grietas que ha provocado internamente esta iniciativa.
A diferencia de la postura que adoptó el gobierno cuando se discutió originalmente esta ley, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, destacó que se esté discutiendo la duración y la vigencia de los beneficios, dado que la crisis que gatilló este debate se ha prolongado en el tiempo. Aunque reconoció algunas dudas en cuanto a la focalización del instrumento y cómo funcionaría la reprogramación automática.
Fue en ese momento cuando Jobet aplaudió el gesto "de empatía y comprensión" de las sanitarias por la situación que viven sus clientes, sin perjuicio de la discusión en el Congreso, lanzando: "Confieso que tuve esta misma conversación con las empresas eléctricas y lamentablemente no tuve buena acogida. Me hubiera encantado que las empresas eléctricas también, teniendo en consideración la situación por la que pasan sus clientes, hubieran hecho un gesto como el que hicieron las sanitarias, lamentablemente no lo hicieron".
En su turno, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, dijo entender la ansiedad de seguir colaborando y anunció que, considerando el término de la ley de servicios básicos, las distribuidoras agrupadas en el gremio implementarán la suspensión del corte de suministro y la reprogramación de las deudas generadas hasta diciembre de este año. Todo lo anterior, para clientes vulnerables y quienes acrediten dificultades para el pago.
En su presentación, también indicó la necesidad de que los efectos de la menor recaudación en las cuentas de los clientes finales sean absorbidos en forma proporcional por los tres segmentos de la industria eléctrica.
"En caso de extenderse esta compleja situación en el tiempo, lo que significaría muy altas deudas para los clientes, deberían evaluarse alternativas de apoyo directo a los clientes vulnerables, tales como eventuales subsidios", dijo.
Con la tensión puesta sobre la mesa, los senadores votaron por unanimidad todas las modificaciones planteadas.
El articulado tiene como propósito prorrogar la vigencia de esta ley hasta abril de 2021, extender la posibilidad de prorrateo de 12 hasta 36 meses y que establezca mayor conocimiento de los clientes para adherirse a este beneficio. Por esto, para la senadora Provoste, la indicación que se introdujo en este debate, donde se establece la obligatoriedad de que las empresas le entreguen en una cuenta consolidada a los clientes el nivel de la deuda y las posibilidad de adscribir a este beneficio, "apuntan en la dirección de colocar en el centro a las familias y no a la empresa, como quiere este gobierno".
CNE: "No hay manera de que haya alza
de tarifas en el primer semestre de 2021"
El eventual agotamiento del fondo de US$ 1.350 millones para evitar alzas en las cuentas de la luz fue abordado este miércoles por la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. En medio de los cuestionamientos, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, detalló que hasta fines de este año habrán US$ 1.000 millones utilizados, asegurando que de todas formas "no se estima un riesgo inminente de agotamiento". Esto, considerando que, además, esto crece sólo US$ 160 millones por semestre.
Según Venegas, en la medida que pasa más tiempo, el fondo va creciendo de forma más pausada, precisamente porque el precio contractual va cayendo en dólares y se aproxima al precio estabilizado. Y, además, mientras más tarde se acabe el fondo, la eventual corrección que habría que efectuar para evitar seguir acumulando sería menor.
Para el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, con los números existentes y con las proyecciones de tipo de cambio, el agotamiento "esto no debiera ocurrir al menos en un año más. Esto (ampliarlo) no es un tema que tengamos que resolver ahora".
Venegas recalcó que están 100% seguros de que no habrá aumentos de precio al menos hasta agosto o septiembre del próximo año. "Resultado de nuestro cálculo, que es la fijación de precios del primer semestre del próximo año, no hay aumento de precio durante todo el primer semestre del próximo año, independiente que el dólar se nos dispare en mayo", recalcó.
En esa línea, las autoridades enfatizaron que hay más de ocho meses para anticipar alguna solución en caso de un eventual agotamiento antes de tiempo del fondo, ya que el primer semestre del próximo año no hay manera de que haya alza de tarifas.
"Suscribo que hay que anticiparse a los problemas, pero cuando el escenario futuro es tan incierto, el problema que tiene anticiparse más de la cuenta es que podemos terminar diseñando una cosa para escenarios que no se den", comentó Jobet.
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