La primera semana del año será decisiva para Minera Cerro Colorado, propiedad de BHP, luego de que en la tarde del 31 de diciembre el Primer Tribunal Ambiental propinara un golpe a la minera en el marco de una demanda ambiental. En el límite del vencimiento de la medida cautelar de extracción reducida de agua por 90 días decretada por la instancia, ésta última no solo decidió mantenerla, sino también ordenó la prohibición por completo a la faena de extraer este recurso.
Lo anterior, a pesar de que la minera había conseguido el martes pasado la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) complementaria del proyecto “Continuidad Operacional de Cerro Colorado” para seguir funcionando hasta 2023. El fin de este proceso de evaluación correspondía al requisito del Tribunal al momento de dictar la cautelar el 21 de septiembre.
La minera reaccionó señalando que la decisión “no resulta comprensible” y que “esta resolución genera condiciones de incerteza jurídica y traerá consecuencias para la continuidad operacional de Cerro Colorado”.
Más allá de la legalidad de la evaluación ambiental, el Tribunal apuntó a que “no es posible observar condiciones de operación del proyecto bajo las cuales se pueda advertir que la afectación al sistema Lagunillas va a detenerse”. Pero la decisión activó la alerta en la minera y en la industria
Según trascendió, en la empresa había confianza en que se avanzaría considerando el permiso obtenido, por lo que este lunes comenzó el análisis de las alternativas legales a seguir. Por lo pronto, se apelaría a la decisión del Tribunal, al igual que la vez pasada cuando se decretó una prohibición total de extracción de agua y luego se logró autorizar 54 l/s (la mitad de lo que se extraía).
El Presidente del Sindicato Nº1 de Cerro Colorado, Christian Rivera, dijo que están “muy impactados” por este nuevo fallo y muy preocupados por los 830 trabajadores. “Vivimos ahora con incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con Cerro Colorado en el corto plazo. Que el Tribunal haya decidido no aceptar la aprobación del permiso, que ellos mismos requirieron, me sorprende. Que cambien de parecer una vez que cumplimos exactamente con lo que ellos querían y tampoco indican qué es lo que falta”, aseguró.
El director del Sindicato, Marcelo Franco, indicó que así como se ven las cosas es muy probable que se empiecen a usar vacaciones y algún plan de salida de algunos.
“Eso ya se había hablado en la negociación colectiva y, si se dan estas instancias, es lo que se viene”, afirma.
Advertencia de Sonami
También resultó “incomprensible” la decisión para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, considerando que Cerro Colorado consiguió la aprobación para seguir funcionando. “Sin duda hay un choque de posturas entre las dos instancias, que lo único que hace es generar mayor incerteza jurídica en los proyectos de inversión. Hemos sido críticos del trabajo de los tribunales ambientales, ya que no han estado a la altura de las resoluciones que deben revisar”, dijo.
Según explicó, a través de medidas dilatorias que impiden la continuidad operacional, asfixian económicamente a la empresa y finalmente ésta por falta de ingresos está obligada a paralizar a pesar que han cumplido con todas las exigencias legales.
“Esto demuestra que la idea de Tribunales Ambientales independientes tanto del Poder Judicial como entre ellos, no ha funcionado. La nueva Constitución debiera incorporar estos Tribunales al Poder Judicial y sus ministros deberían ser elegidos del mismo modo que en el resto de la carrera judicial”, agregó Hernández. En esa línea, aseguró que “este tipo de decisiones levantan una alerta en la industria minera”.
Para el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, se plantea una incertidumbre. “La institucionalidad ambiental sale una vez más debilitada y las certezas para la inversión cada vez son más precarias. El documento emitido por el Tribunal Ambiental puede sentar precedentes, uno de los más complejos es el del principio precautorio, que es invocado por el Tribunal”.
En el caso de cierre anticipado, Chile perderá -según el experto- del orden de 60 mil toneladas de cobre fino (anual).
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