Cerca de un año tomó la revisión que hizo Contraloría de la modificación reglamentaria donde se consagró un cambio en el mecanismo de cálculo de precio estabilizado al que acceden los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMG y PMGD) cuando inyectan al sistema la electricidad que generan.
El cambio abrió un conflicto con quienes han impulsado estos proyectos -que tienen excedentes menores o iguales a 9 MW-, dado que en términos simples, se pasaba de calcular el precio estabilizado desde un rango diario a uno por bloques horarios, eliminando algunas distorsiones que en la industria se veían.
Aunque los cambios que el Ministerio de Energía realizó al denominado Decreto Supremo 88 en su paso Contraloría fueron más bien de forma -como la fecha en que comienzan a correr algunos plazos-, uno de los ajustes no pasó desapercibido: el relacionado al fraccionamiento eléctrico, figura que alude a cuando dos o mas iniciativas se presentan como proyectos independientes, cuando en realidad corresponden a un solo desarrollo.
En el texto original se establecía la posibilidad de consultar a la Comisión Nacional de Energía (CNE), de forma previa a la declaración en construcción, si su proyecto estaba bajo el supuesto de fraccionamiento eléctrico, dando un plazo para recibir respuesta.
Sin embargo, finalmente en el texto se eliminó esta consulta. Con esto, la CNE no declarará un proyecto en construcción cuando constate que las iniciativas están en la hipótesis de fraccionamiento eléctrico. Para esto, se le otorga a esta entidad facultades para que evalúe aspectos que puedan confirmar o descartar dicha figura.
En industria eléctrica existe la sospecha de que algunos proyectos se hicieron de forma separada solo para tener acceso a los beneficios de los PMGD.
Desde el Ministerio de Energía comentan que el espíritu de esta norma es salvaguardar que la regulación para generación distribuida se utilice para el desarrollo de este segmento y promover su buen uso.
“El fraccionamiento de proyectos produce ineficiencias (...) el nuevo reglamento ya establece claramente los criterios a considerar, que incluye aspectos tales como, estructura del propiedad, cercanía geográfica, ubicación de conexión a la red entre otros”, dijeron.
El presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), Carlos Cabrera, hace un balance positivo del reglamento en términos generales, pero en materia de fraccionamiento eléctrico advierte: “Vemos que puede haber un aumento de controversias por este tema. Se trató de mejorar, pero quedó todavía ambiguo. Le falta una complementación, algo que dé más certeza jurídica al mercado”.
Consultados en el Ministerio de Energía respecto a un alza en la conflictividad por este tema, señalaron que “al contrario, el nuevo reglamento viene a zanjar problemáticas ya existentes y que han generado controversias, por lo que esperamos que el proceso completo se desarrolle de manera más expedita y simple”.
Desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), su director de Estudios, Darío Morales, señala que siempre han manifestado su desacuerdo con el fraccionamiento de proyectos con el objeto de evitar el cumplimiento de alguna normativa, cualquiera que ésta sea, ambiental o eléctrica.
“Desde esta perspectiva, nos parece positivo que la regulación eléctrica se actualice con el propósito de dar mayor certeza a los desarrolladores sobre cuáles son los criterios que la autoridad va a considerar para decidir sobre la existencia o no de fraccionamiento. Ahora bien, en el caso particular de este reglamento, nos parece que los principios enunciados todavía son demasiado generales y se hace necesario tener un mayor nivel de detalle”, sostiene.
Morales cuenta que Acera propuso que esta verificación se pudiera hacer, al menos de forma preliminar, lo más temprano posible durante el proceso de conexión. Esto, considerando que cuando los proyectos llegan a la etapa de declaración en construcción ya han invertido importantes recursos.
Asimismo, detalla que el gremio “propuso que se incluyera una disposición que mandatara a la SEC o a la CNE a emitir un instructivo de cuáles serían los criterios que se utilizarán para resolver sobre esta materia”. “Esperamos que la CNE entregue los lineamientos sobre estos temas lo antes posible”, enfatiza.
Desde la vereda legal, los abogados Federico Rodríguez y Andrés Maldini del estudio Baraona Fischer & Cia, aunque destacan aspectos de la reglamentación, advierten que uno de los riesgos que presenta el fraccionamiento eléctrico es que el decreto aprobado “no lo define en forma expresa y se le entregan criterios poco claros y definidos a la CNE para su estimación, asuntos que podrían abrir un foco de incertidumbre y conflicto futuro entre los desarrolladores y la Comisión”.
Según trascendió, la industria estaría en conversaciones con el gobierno para que se emita un oficio o circular que complemente el artículo que aborda el fraccionamiento, de tal forma de entregar más claridad sobre en qué casos se configuró esta figura o no.
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