Tal como ha sido la tónica general desde que se inició la pandemia, 2020 también pasará a la historia como un año “único” en materia de negociaciones colectivas en la minería local. Si bien en ese ejercicio tuvieron lugar distintas tratativas en la industria, los episodios de conflicto fueron menores a otros años. Esto configura un punto de partida relevante para lo que se perfila en 2021 con un total de 32 procesos, en los cuales se anticipan mayores niveles de presión debido a la recuperación del precio del cobre.
Así lo revela el “Estudio de Negociaciones Colectivas en la Industria Minera 2020”, elaborado por el Departamento de Estudio de la consultora Vantaz, que obtuvo información de 15 de los 24 procesos y muestra que se revirtió la tendencia de 2019 entre negociaciones regladas y anticipadas, superando incluso lo observado en 2018, cuando también los procesos habían sido en su mayoría adelantados. Si en 2018 el 63% de las negociaciones fueron anticipadas, el año pasado éstas llegaron al 80%.
De acuerdo a los casos donde se dispone de información, el reajuste salarial promedio de las negociaciones colectivas en 2020 fue de 0,22%, en un rango de 0,22% a 2,0%. En esa línea, el porcentaje de este ítem en procesos reglados es mayor que el porcentaje de ajuste en procedimientos anticipados.
La directora de estudios de Vantaz, Daniela Desormeaux, explica que la estructura de beneficios cambia. “Lo que se observó el año pasado, es que prácticamente no hubo reajuste salarial. Entonces, uno podría inferir que hay otros tipos de beneficios no pecuniarios que no los conocemos, pero que son parte de la negociación”, dice.
Durante 2020, el bono promedio por trabajador fue $ 5,85 millones, un 23% inferior al promedio de 2019 cuando éste llegó a $ 7,38 millones. En 2020, el bono por término de conflicto en negociaciones regladas fue un 121% superior al otorgado en procesos anticipados. Mientras, los bonos correspondientes a negociaciones anticipadas fueron los que anotaron la mayor disminución respecto a 2019 con una baja del 58%.
Daniela Desormeaux directora de estudio de Vantaz.
El estudio arroja que el monto promedio de bonos de término de conflicto pagado por las mineras en procesos reglados fue de $ 17,4 millones, muy superior a los $ 7,9 millones entregados en 2019. Sin embargo, a diferencia de ese ejercicio, donde hubo ocho procesos reglados, el año pasado solo hubo dos: Mina Candelaria de Lundin Mining y Mina Centinela de Amsa.
A pesar de que en el primer trimestre de 2017 se marcó un hito con la huelga de Escondida, en 2018 no se registraron paralizaciones y solo en 2019 volvió a subir la tensión en la industria con tres movilizaciones. El año pasado hubo dos (ambos en Lundin Mining).
Este año, el calendario tiene 32 procesos, donde Codelco se lleva gran parte con 20. Desormeaux advierte que serán más complejas las negociaciones si se considera -por ejemplo- que la minería sigue funcionando, a diferencia del año pasado donde había mucha incertidumbre por si era posible mantener las operaciones. “Será compleja, porque además estamos en un momento en que la minería está siendo súper expuesta, como en lo referente a los temas tributarios con la discusión del royalty. Estará complejo este año”, asegura.
Consultada por si los bonos podrían cambiar en los procesos de este año, señala que “quizás eso se podría revertir porque estamos en otro escenario de precio, pero también podría potenciarse, aumentar o seguir esta tendencia de otros beneficios que busquen compensar, y mayores beneficios a los trabajadores que no necesariamente tengan que ver con el bono”. Eso sí, recalca que “estos procesos se deben desarrollar también en base a condiciones de más a largo plazo”.
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