Energía

Preocupantes señales económicas

Alberto Salas

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La reciente revisión a la baja de la proyección de crecimiento para este año, entregada por el Banco Central, que sitúa el incremento del PIB en un rango entre 1,75% y 2,25%, da cuenta de una alarmante realidad: la economía está en un preocupante proceso de desaceleración y, por cierto, la minería no ha estado exenta de este escenario.

Un ejemplo. El empleo en la principal actividad productiva del país está mostrando, también, el impacto de este proceso de desaceleración de nuestra economía. La ocupación directa en el sector minero decreció de 254.000 empleos en el periodo mayo-julio del año pasado a 234.500 en la última medición. Lo anterior representa una caída de 7,7%, porcentualmente una de las mayores bajas en la ocupación entre todas las actividades económicas.

Asimismo, hemos revisado a la baja la proyección de crecimiento del sector minero de 5% a 3% para 2014, con una producción de cobre del orden de 6 millones de toneladas. Esta disminución en la estimación del PIB minero se debe, particularmente, a que los proyectos que iniciaron operaciones este año registraron un desempeño inferior respecto de lo proyectado originalmente. No obstante, mantenemos nuestra proyección de exportaciones mineras en alrededor de US$ 45.000 millones, a pesar de la menor producción, ya que el precio del cobre ha tenido un valor superior al estimado en diciembre pasado.

La buena noticia es que el año próximo esperamos alcanzar una producción de cobre de 6.300.000 toneladas, lo que constituirá todo un récord. Asimismo, veremos mayores producciones en plata y hierro.

Sin embargo, observamos con preocupación el comportamiento de la inversión sectorial. En septiembre de 2012, la carpeta de inversiones alcanzaba los US$ 110.000 millones en 10 años. Hoy, US$ 50.000 millones están vigentes y US$ 60.000 millones en proceso de revisión o han postergado la fecha de la puesta en marcha por diversos motivos. Es decir, más de la mitad de la cartera de inversión sectorial está detenida. La situación se explica por múltiples razones. Entre ellas, está la judicialización de muchas iniciativas, particularmente en relación con la interpretación del Convenio 169 de la OIT, pero también a que la institucionalidad regulatoria es cada vez más exigente, compleja y fragmentada. Asimismo, están los elevados costos de la energía y la escasez de recursos hídricos.

Tal como lo planteamos a la presidenta Michelle Bachelet en la reciente Cena Anual, lo que le sucede a la minería no es un asunto sólo de sus accionistas, empresarios y trabajadores, sino de todos los chilenos.

Cuando la minería progresa arrastra virtuosamente a un sinnúmero de actividades productivas. Cuando la minería se detiene, también lo hacen la construcción, el transporte, el comercio, el turismo, la hotelería, los proveedores mineros, parte importante de la industria y otras variadas actividades productivas. En definitiva, la postergación de proyectos se traduce en menor crecimiento, empleo y desarrollo para todos.

La pregunta es qué hacer para revertir esta situación y la incertidumbre que está afectando las expectativas de los agentes económicos. Al respecto, estimamos que lo relevante en esta materia es generar mayores grados de confianza, con el fin de dar un impulso robusto a la inversión y detener la desaceleración en el consumo que hemos observado en los últimos meses, pues son estos factores los que explican precisamente la fuerte disminución en el ritmo de crecimiento de la economía chilena.

Para ello, hemos planteado la necesidad de acelerar los procesos en el otorgamiento de permisos, aumentar la oferta de energía y disminuir sus precios. También, explicitar a los agentes económicos, en forma clara y nítida, la ruta a seguir en el mediano plazo, lo cual generará un mayor grado de confianza respecto del futuro. Para incrementar la inversión y transitar en la ruta hacia el desarrollo se requieren acuerdos amplios, en un horizonte de largo plazo, donde la estabilidad de las reglas es un factor crucial. Todo esto contribuye a una sólida institucionalidad y a la certidumbre que requiere cualquier inversionista.

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