Con la premisa que el 2020 será recordado como el año del coronavirus y la meta global de impulsar una reactivación de manera sostenible, el presidente de Colbún, Hernán Rodríguez, ahondó en su carta a los accionistas el momento constituyente y los desafíos regulatorios que se visualizan en Chile.
Sobre el primer tópico, en su misiva, el ejecutivo de la eléctrica ligada a la familia Matte dedicó unas palabras a los desafíos institucionales que enfrentará el país este y el entrante año, "cristalizados en el próximo debate constitucional y que tendrá una influencia relevante en el país que construyamos en el largo plazo".
Primero, calificó como muy relevante la forma como el país lleve adelante el proceso constituyente y cómo se canalicen adecuadamente, y de forma realista, las expectativas de la población. "Esperamos que se impulse un debate constructivo, sin etiquetas, sin juicios anticipados o que solo busquen anular al que piensa distinto", reconoció.
Según explicó, "el cuidado por las formas tiene también que ver con el rol de la violencia, donde observamos con preocupación que ésta se asienta como una herramienta justificada para resolver diferencias".
En cuanto a los contenidos y el fondo de la discusión que se enfrenta, Rodríguez detalló que la expectativa es que "la nueva Constitución reconozca la importancia de promover un marco institucional que aliente la inversión privada, construyendo consensos básicos que permitan sentar las bases de un nuevo ciclo de progreso y avance para el país".
Mientras, sobre los desafíos regulatorios, el ejecutivo advirtió que la rápida evolución que está teniendo el mercado eléctrico requiere una normativa que fomente su desarrollo sin distorsiones.
Precisó que es importante disponer de una regulación que entregue "reglas claras y transparentes que consoliden la confianza de los agentes del sector, donde los proyectos de inversión enfrenten plazos y criterios previsibles, y en donde los cambios regulatorios se hagan considerando las complejidades del sistema eléctrico y manteniendo los incentivos adecuados para la inversión".
En esa perspectiva, aseguró que creen relevante que se preserven los principios que han permitido el desarrollo de esta industria, evitando la tendencia a promover políticas públicas sin el adecuado diseño y respaldo técnico, y que en el mediano y largo plazo terminen "creando situaciones de desborde que se hagan inmanejables".
Una de las materias donde reconoció que esperan una pronta definición es en la creación de un marco regulatorio que permita incorporar los criterios de flexibilidad que requiere actualmente el sistema eléctrico ante los desafíos que impone la intermitencia de las energías renovables de fuente variable.
"La penetración de estas fuentes de energías ha sido mucho más rápida de lo previsto, y observamos con cierta preocupación que nuestro marco normativo se esté quedando atrás, sin generar los incentivos necesarios para que el sector privado impulse las inversiones necesarias para gestionar mejor dicha intermitencia", dijo.
Otro desafío regulatorio que definió estuvo el ámbito de la distribución eléctrica. Los cambios tecnológicos, las mayores exigencias de calidad de servicios y el fomento de una mayor competencia hacen necesario -dijo- "una modernización del marco que rige el negocio de la distribución eléctrica".
Para hacerse cargo de parte de este desafío, recordó que el año pasado el Ejecutivo envió el proyecto de portabilidad eléctrica al Congreso donde esperan que se haga cargo de reducir las asimetrías de información que fomenten una competencia justa. "Estas distorsiones adquieren mayor peso aun cuando observamos un proceso de consolidación del sector de distribución que se ha traducido en una mayor concentración de esta industria", puntualizó.
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