Aunque la comisión de Minería y Energía del Senado tenía previsto votar el proyecto de ley que busca proteger los glaciares, ayer nuevamente la instancia postergó este paso, pese a los reiterados intentos de los senadores que promueven la iniciativa por sacarla del congelador.
En un tenso encuentro, que se extendió por dos horas y que no estuvo exento de altercados, los parlamentarios y el gobierno se mostraron firmes en sus posiciones, pero también dieron cuenta del fin de un acercamiento.
A fines de la semana pasada se habría desechado la posibilidad de un acuerdo con las autoridades, lo que motivó que los senadores Guido Girardi, Yasna Provoste y Álvaro Elizalde, siguieran un camino propio presentando 12 indicaciones para complementar el proyecto original.
“Siempre tuvimos disposición a ver si era posible construir un acuerdo con el gobierno, pero finalmente, terminada la semana pasada, desechamos la posibilidad de acuerdo con el gobierno y tomamos la decisión de avanzar a través de nuestro acuerdo con el mundo científico”, reconoció Girardi al ser consultado tras la cita.
Si bien los ajustes no fueron discutidos ayer, a la espera del comparado que elaborará la secretaría de la comisión, éstos apuntan principalmente a afinar los conceptos y especificar lo que significa en la práctica la protección para cada uno de los ecosistemas. Esto, bajo el diagnóstico que, si bien el proyecto establece que estos son susceptibles de protección, no aclara la vía para lograr ese fin.
¿Cuáles son esos ecosistemas? Para los senadores, se entiende la zona periglaciar como los ambientes dinámicos dependientes del clima que, no siendo glaciares, posibilitan la mantención del equilibrio de uno o varios de ellos, permitiendo -por ejemplo- la captura de la nieve. Para efectos de esta ley, comprendería el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas, así como el espacio aéreo del ecosistema que rodea el glaciar.
En tanto, los senadores ven la necesidad de aclarar que el permafrost debe ser entendido como un tipo de suelo, sedimento o roca, con o sin hielo y materia orgánica, que permanece por debajo de los 0ºC por dos o más años consecutivos.
En concreto, se señala que los glaciares son bienes nacionales de uso público, que se encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y no concesionables. En esa línea, se agrega, se podrán otorgar permisos para la investigación científica.
Sin embargo, más allá de las definiciones, se propone que las zonas periglaciar y de permafrost, que están aledañas a los glaciares, tienen una protección a través de la gestión ambiental, es decir, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Las actividades y proyectos de inversión que se desarrollen en el ambiente periglaciar deberán someterse a evaluación de impacto ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, se señala.
Mientras, la zona de permafrost, con presencia de recursos hídricos, también está sometido a evaluación de impacto ambiental. Pero con menores exigencias. “Incluso, si el permafrost no tiene grandes impactos, podría ser solo a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, explican.
El plazo que abrió la Sala para recibir nuevas indicaciones generó tensión en la comisión, ya que el espacio no había sido conocido por todos. Incluso, la senadora Provoste y el ministro de Minería, Baldo Prokurica, se trenzaron en breves altercados por si hubo o no acuerdo para impulsar un comité técnico. “Hay gente que se niega al diálogo y a la discusión técnica”, lanzó la autoridad.
El acuerdo de la comisión fue comenzar a discutir en una próxima sesión todas las indicaciones recibidas y así iniciar la votación del proyecto.
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