Tras informar el miércoles la intención del gobierno de explorar un acuerdo con las empresas distribuidoras para que compren a los propietarios sus actuales medidores usados, la ministra de Energía, Susana Jiménez, sorprendió a la industria 24 horas después anunciando que Enel ya se había comprometido a avanzar en esta materia, lo que fue ratificado más tarde por la empresa a través de una escueta declaración pública.
Sin embargo, el anuncio provocó un quiebre al interior de la Asociación de Empresas Eléctricas, entidad que agrupa a las empresas del sector, y un posterior portazo a la medida y al plan para implementar los medidores inteligentes por parte de CGE, la mayor firma del sector, con 2,9 millones de clientes.
La controversia fue de menos a más y comenzó con la conferencia de prensa ofrecida por Jiménez cerca del mediodía para detallar el alcance del paquete de medidas que buscan terminar con la crisis a nivel de opinión pública.
"Hemos conversado con todo el gremio y con todas las empresas pero hoy concretamente ya tuvimos el compromiso de Enel de avanzar en esta materia y nos vamos a juntar para definir cada uno de los detalles de cómo será esta compra de los medidores usados", dijo.
El anuncio fue ratificado por Enel Chile, que dijo sumarse a la propuesta informada por la ministra, manifestando su "total disposición a participar de una mesa de trabajo técnica que tendrá por objeto revisar el procedimiento de instalación de los medidores inteligentes".
Pero el conflicto se desató por la tarde, cuando en una nueva reunión del gremio, los gerentes generales de las firmas asociadas manifestaron sus diferencias frente a la propuesta de Jiménez dejando a Enel como la única firma en adherirse. Un hecho que causó molestia -y que fue confirmado por algunas de las empresas participantes de la instancia- es que se enteraron de su adhesión al plan por la prensa.
En la tarde de ayer trascendió que la posición más dura la tenía CGE, firma controlada por la española Naturgy, lo que horas después fue ratificado en una declaración.
En un escrito de cuatro párrafos, CGE volvió a centrar el debate en el plan de recambio de medidores impulsado por el gobierno y, como segundo punto, planteó que la medida de recompra -que a un costo de $ 10.000 por equipo implicaría un desembolso de la industria de hasta US$ 71 millones-, no soluciona las inquietudes que plantea la tecnología.
"En relación a la discusión que ha generado en la ciudadanía la instalación de medidores inteligentes y dadas las inquietudes de la comunidad sobre la implementación de este proyecto, CGE está convencida que la mejor solución es reestudiar la puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios", señaló.
Un tema que causó especial molestia es la postura que ha tomado la ministra Jiménez en sus intervenciones públicas, que ha aludido a que es un tema heredado del gobierno anterior, pero el decreto que dio vida a la medida fue tomado de razón en septiembre del año pasado.
Meses antes de que estallara la polémica, el gobierno y las empresas habían acordado coordinar una campaña para explicar los beneficios de los nuevos dispositivos una vez que se publicara el anexo técnico -que está en proceso de consulta pública-, pero la controversia estalló.
Empresas del sector creen que todo el capítulo terminará con una marcha atrás de la medida, para bajar la presión ciudadana. En especial si la recompra de equipos no prospera, porque sería difícil explicar que algunos clientes se podrían ver beneficiados por una medida de este estilo y otros, principalmente en regiones, no.
La ministra entregó detalles del plan ayer.
Cámara aprueba comisión investigadora
Tras la solicitud presentada el miércoles por 70 parlamentarios de diversos colores políticos para crear una comisión especial investigadora que analice la polémica en torno al recambio de medidores eléctricos, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta sin necesidad de votación, por lo que la nueva instancia podrá prontamente iniciar su indagatoria.
El objetivo de la comisión, según declararon los parlamentarios en su escrito, apunta a conocer las acciones de diferentes organismos y autoridades del Estado que determinaron la implementación de los nuevos medidores inteligentes y su impacto en el costo final para los usuarios.
Lo anterior, tomando en consideración diversos antecedentes como que "el cambio tecnológico tiene un costo aproximado de mil millones de dólares y lo asumen los propios usuarios a través de un alza de tarifas, efectuado en septiembre de 2018, a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía distribuidora".
La instancia tendrá un plazo máximo de 120 días para investigar respecto a esta problemática.
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