El debate en torno a la ley 21.249 que prohibió el corte de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- en medio de la pandemia volverá a reactivarse en el Congreso. Este lunes los senadores Carlos Bianchi y Yasna Provoste presentaron un proyecto de ley al Senado que busca prorrogar los efectos de la legislación, adelantándose al próximo 8 de noviembre, fecha en que vence su aplicación.
El 8 de agosto se publicó en el Diario Oficial la polémica ley de servicios básicos, estableciendo que las empresas durante los 90 días siguientes no podían cortar el suministro por mora en el pago a clientes.
Entre otras disposiciones, fijó como medida adicional que las deudas contraídas con las empresas de servicios -que se generen entre el 18 de marzo y hasta los 90 días posteriores a la publicación de la normativa- se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección, las que no podrán exceder de 12, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, sin multas ni intereses. A este derecho de prorrateo se podían acoger, por ejemplo, quienes estén dentro del 60% de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares.
Según el proyecto presentado por los senadores, respecto a los derechos a no corte del servicio y prorrateo que establece la ley, "es del caso de que ya han pasado más de 60 días desde que está vigente la ley, quedando menos de 30 días para que sus efectos dejen de tener vigencia, por lo que parece del todo necesario extender los plazos establecidos en la ley".
De esta manera, los legisladores buscan que las familias afectadas por la crisis sanitaria y económica no sufran aún más con la entrada a un régimen de normalidad, ya que -según recalcan- su situación es aún peor.
Tomando cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al 31 de agosto, donde solo los deudores morosos de electricidad alcanzaban los 750.417 clientes, los senadores proyectaron los datos al 8 de noviembre sin considerar la situación de los morosos por servicios de agua potable, revelando que más de un millón de clientes usuarios de servicios básicos se encontrarán morosos en el pago de dichos servicios.
Por esto, la iniciativa propone ampliar la aplicación de la ley hasta abril de 2021, ampliar los meses de prorrateo de 12 a 36 meses, hacer automática la reprogramación por el solo hecho de no cancelar en la fecha correspondiente la cuota del mes del servicio de que se trate (salvo negativa expresa del cliente) y mecanismos adecuados de información de parte de la empresa a sus usuarios.
"El trámite tiene que ser urgente"
Consultado, Bianchi adelantó que ya tienen el apoyo de los senadores Francisco Huenchumilla, Ximena Rincón y Álvaro Elizalde. El autor del proyecto dijo esperar que "el gobierno se allane y le ponga urgencia para que lo tratemos la próxima semana a más tardar". "El trámite tiene que ser muy urgente en la comisión de Minería y Energía del Senado para poder tratarlo lo antes posible", sostuvo.
"Espero que no haya de esto un nuevo espectáculo donde con una llamada telefónica se pretenda resolver un tema que tiene que estar normado por ley y donde las personas en el desconocimiento, porque no hubo información, no pactaron con las empresas", señaló.
Sobre el lobby que podrían desplegar las empresas contra el proyecto, fue claro: "Se trata de un tema eminentemente social y humano donde no puede prevalecer el interés de las empresas".
Provoste explica que el veto que sufrió la ley eliminó beneficios, estableció que la reprogramación de las deudas debe ser a solicitud expresa del usuario y solo una mínima parte de los deudores han realizado esta solicitud. Considerando que a agosto existen más de 750 mil morosos de electricidad y menos de 7 mil habían solicitado reprogramar, recalca que "nos encontraremos a noviembre con más de un millón de morosos que no podrán reprogramar sus deudas porque no lo han solicitado expresamente y las empresas no están facultadas para reprogramar las deudas de manera unilateral aún cuando éstas sean sin multas ni intereses".
"Nos parece fundamental que el gobierno respalde esta iniciativa y así dar un poco de tranquilidad a las familias de nuestro país", dijo, advirtiendo que si no se extiende el plazo de la normativa "las empresas podrán comenzar a cortar el suministro de estos servicios y también a cobrar las deudas impagas".
Según trascendió, en el Congreso incluso se está gestionando convocar a una sesión especial para abordar este tema.
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