Es una demanda que ronda en la industria y que con el apagón del 25 de febrero de 2025 se instaló con fuerza: la revisión de la institucionalidad del sector energético. Mientras las autoridades no descartan abrir ese debate, Generadoras de Chile comenzó durante 2024 una reflexión, encargando a fines de ese año dos estudios con el foco común de analizar el diseño y la arquitectura institucional.
El primer estudio reunió a los académicos Catalina Medel, Ronald Fischer, Pablo Serra, Luis Eugenio García-Huidobro y José Francisco García. En el diagnóstico -por ejemplo- advierten una fragmentación institucional e incoherencia regulatoria, debilidad de la planificación estratégica de largo plazo e institucionalidad atrapada por la contingencia.
Y, el segundo, fue desarrollado por Valgesta, con Ramón Galaz y Andrés Romero, acompañado por un comité de expertos formado -entre otros- por el exministro de Energía, Marcelo Tokman. A diferencia del anterior, este documento solo pone el foco en la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
Dichos insumos -a los que tuvo acceso DF- se desarrollaron en un proceso que combinó revisión comparada, entrevistas a actores del sector, análisis jurídico y económico, encuestas y discusión con expertos. El 23 de julio, en un encuentro privado, el gremio presentó ambos estudios a autoridades.
Consultada, la ministra de Energía, Ximena Rincón, reconoce que, además del trabajo anunciado en materia de redes y distribución, "también vamos a tomar el trabajo que nos han presentado las generadoras y es parte del desafío. Yo creo que Chile tiene que actualizarse en todos estos ámbitos porque la seguridad energética demanda que actualicemos normativa, regulación e institucionalidad".
El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, aclara que los informes no constituyen una propuesta cerrada del gremio, sino insumos independientes para una discusión que todavía está abierta: "Donde sí vemos una convergencia clara -y que queremos recoger- es en la necesidad de fortalecer la autonomía y continuidad técnica de las instituciones, clarificar roles y responsabilidades, mejorar la coordinación entre organismos, reforzar sus capacidades permanentes y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas".
Más que pensar en una reforma única y de una sola vez, apuesta en avanzar por etapas: "Hay mejoras en coordinación, transparencia y capacidades que se pueden impulsar desde ya, mientras se abre la discusión sobre cambios más estructurales que requieren modificaciones legales".
Mantener Ministerio, pero depurar estructura
Los académicos plantean un Ministerio de Energía enfocado exclusivamente en la formulación de políticas de largo plazo. En concreto, mantener la entidad, pero delimitando sus funciones de manera precisa. La cartera, en la nueva versión que proponen, "tiene sentido estratégico, incluyendo los desafíos de la industria energética en términos geopolíticos y de seguridad del suministro, así como también en aquellos referidos al cambio climático y la transición energética".
En lo anterior se contempla depurar la estructura del Ministerio, eliminando unidades y divisiones que desarrollen tareas ajenas a la política energética estructural. Esto incluye aquellas áreas con un mandato eminentemente social o transversal -como la División de Participación y Desarrollo Social o la Oficina de Género y Derechos Humanos- que podrían -dicen- integrarse en ministerios sectoriales más idóneos.
Asimismo, plantean reformas para abordar los desafíos exógenos del sector, incluyendo procedimientos acelerados para proyectos estratégicos y racionalización de autorizaciones.
Comisión para el Mercado Energético y Sernac eléctrico
Advirtiendo debilidades estructurales y pérdida de autonomía en la CNE y la SEC, junto con que la entidad fiscalizadora representa -dicen- el caso más crítico de rezago institucional dentro del sistema regulatorio eléctrico, el grupo de académicos propone la creación de una Comisión para el Mercado Energético (CME), que unifique las funciones regulatorias y fiscalizadoras de ambas entidades bajo un modelo de agencia independiente, con autonomía técnica y rendición de cuentas, siguiendo los estándares de la OCDE.
Según explican, esta nueva entidad tendría como funciones centrales dictar normativa técnica y económica, absorbiendo las atribuciones actualmente de la CNE en materia de fijación de precios, tarifas, diseño de peajes y elaboración de normas técnicas, en particular las referentes a la operación del sistema eléctrico. Asimismo, emitiría interpretaciones administrativas vinculantes del marco normativo sectorial, atribución hoy radicada en la SEC.
Su labor incluiría un rol permanente de monitoreo del mercado eléctrico, y ejercería potestad fiscalizadora y sancionadora con foco en la supervisión del cumplimiento regulatorio, el control sobre empresas y la fiscalización del CEN.
Pero también, sugieren la creación de un Sernac eléctrico, orientado a la protección del consumidor y la resolución de disputas menores, lo que involucra implementar un "Sello Sernac Eléctrico" similar al financiero. En esa línea, proponen el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias especializado, bajo el alero del Sernac, para canalizar los reclamos ciudadanos de baja cuantía o complejidad en el sector eléctrico.
En el informe de Valgesta, se apunta más bien a separar roles con lo existente. La consultora plantea una CNE como servicio público descentralizado que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Energía. Según se describe, la dirección superior de la Comisión estará a cargo del Consejo de la CNE, el cual será un órgano colegiado de cinco comisionados con dedicación exclusiva.
En las funciones, junto con las actuales que desarrolla la CNE, se suma el monitoreo de la competencia en el sector eléctrico, por lo que la Unidad existente en el Coordinador respecto a esta materia pasaría a formar parte de la Comisión.
Respecto a la SEC, se mantiene su naturaleza jurídica y actual estructura. Sin embargo, la función de interpretación de las normativas sectoriales le corresponde a la CNE. Entre otras disposiciones, se indica que en los casos de procesos sancionatorios en contra del Coordinador y los coordinados, la resolución que determine la sanción podrá ser reclamada de ilegalidad ante la Justicia o alternativamente apelada ante el Consejo de la CNE, siempre que la infracción haya sido calificada como gravísima.
Reforma al gobierno corporativo del Coordinador
Sin tapujos, los académicos instalan una reforma al gobierno corporativo del CEN, incorporando un Consejo Consultivo de la industria y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Esto, alertando que el organismo tiene una incorrecta comprensión de su autonomía y debilidades en su rendición de cuentas.
En términos generales, se mantienen las reglas de composición, duración y renovación del modelo de Consejo Directivo actual, especialmente sobre la base de consejeros independientes, pero se propone reemplazar la participación del Secretario Ejecutivo de la actual CNE en el Comité de Nominaciones por la del Presidente del Consejo de la CME. Asimismo, se plantea mantener el carácter colegiado del Consejo, pero revisar la dedicación exclusiva de sus integrantes; y fortalecer la figura del director ejecutivo.
Para evitar la actitud excesivamente conservadora derivada del régimen patrimonial, se propone eliminar la regla de responsabilidad individual que afecta actualmente a los miembros del Consejo Directivo y sustituirla por un régimen de responsabilidad institucional.
En tanto, Valgesta plantea crear un Comité Asesor de Partes Interesadas, con representación equilibrada de generadores, sistemas de almacenamiento, transmisores, distribuidores, consumidores y sociedad civil. Y no se exigirá dedicación exclusiva de los consejeros del organismo, reduciendo su dieta a valores de mercado, lo que será determinado por el consejo para la Alta Dirección Pública.
Se deben revisar -plantean- "todas las funciones que pueden alejar al CEN de su propósito clave: la operación del mercado eléctrico". La consultora además propone evaluar para una reforma posterior trasladar las funciones de planificación de la transmisión y acceso abierto a la CNE.
Fortalecimiento presupuestario y técnico para Panel de Expertos
El fortalecimiento presupuestario y técnico del Panel de Expertos es lo que plantean los académicos. "Es necesario aumentar el presupuesto anual para contratar peritos y especialistas externos (en lugar de incrementar de forma permanente la dotación personal). Esto, porque el Panel requiere apoyo principalmente para materias muy específicas", dicen.
Y advierten: "Si bien el Panel de Expertos constituye un activo institucional para el sistema eléctrico chileno, su legitimidad futura dependerá de su capacidad para adaptarse a una demanda creciente sin comprometer su calidad técnica ni su independencia decisional".
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