Un complejo clima interno se ha vivido al interior de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), gatillado por una serie de decisiones que tomó el titular del organismo, Cristóbal De La Maza.
Las más llamativas fueron un nuevo esquema de funcionamiento para este año -donde, entre otras cosas, la División de Sanción y Cumplimiento pasó a ser un Departamento de la Fiscalía- y rebajas de sueldos en un grupo de profesionales de la institución.
Las decisiones del ingeniero generaron ruido, especialmente la segunda de ellas, donde intervino la Asociación de Funcionarios de la SMA (ASUMA), dado que habían llegado hasta Contraloría y la justicia.
Como si fuera poco, la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidió indagar en la situación y ofició a De La Maza, quien explicó en un documento -que se dio cuenta en la instancia el 3 de marzo- el motivo de sus decisiones.
De La Maza informó que los ajustes son una respuesta a la reducción de los recursos para la institución en 2021. “El ajuste presupuestario aprobado, corresponde a una disminución de un 7% en comparación al año 2020, en términos reales, siendo la primera vez, desde la creación de la SMA, que su presupuesto fue reducido”, dijo.
Así, agregó que la institución tuvo que adecuar el gasto en todas las áreas, siendo la prioridad mantener la dotación de personal, que suma 262 personas. Para eso, se restringió -por ejemplo- la adquisición de activos no financieros en 50%, y la de bienes y servicios en 20%.
Cristóbal De La Maza Super de Medio Ambiente.
El presupuesto aprobado en el Congreso para este año también considera una merma de unos $ 270 millones para sueldos. Al no reducir el personal -explica en el oficio-, se ajustaron salarios. Hubo 14 personas con alguna modificación en sus contratos -por ejemplo bajas de grado-, y en 10 de los casos hubo una reducción del pago mensual.
Esto dio origen a denuncias y reclamos que llegaron a Tribunales y la Contraloría. Sin embargo, el revuelo tuvo poca repercusión pública. Tras conversaciones con ASUMA, las partes alcanzaron un acuerdo el 1 de febrero, lo que ayudó a revertir algunas denuncias.
Cinco casos fueron revertidos completamente, por lo que los afectados volvieron a los grados y/o estamentos originales; en tres se ampliaron los plazos de sus contratos y en otros tres ASUMA actuará como garante de los planes de trabajo, con el compromiso de renovar las contratas si éstas se cumplen íntegramente.
Respecto a la nueva organización interna, que tiene por objeto aprovechar sinergias internas entre las distintas áreas, De la Maza explicó que aunque la reducción de presupuesto no pesó en esto, sí tiene la ventaja de generar “holguras y eficiencias que nos sirven y que aprovechamos”.
En búsqueda de más recursos
Consultado por DF, De la Maza recalca que “tenemos que trascender ya la discusión de si hubo o no ajustes presupuestarios. Ahora estamos enfocados en continuar mejorando nuestra gestión con los recursos que nos fueron asignados y buscando otras oportunidades de financiamiento”.
Desde julio del año pasado, cuando ya se veía que vendrían bajas en el presupuesto, la entidad había empezado a realizar gestiones con algunos organismos internacionales y locales para reforzar algunos desarrollos, como es el caso del Ministerio de Ciencias.
En el clima laboral interno, también trabajará. El protocolo entre la SMA y ASUMA establece un plan de trabajo para materias de interés mutuo, donde se podrán iniciar diálogos tempranos e instancias de reflexión, para “fomentar un clima laboral adecuado y participativo”.
Asimismo, las partes fortalecerán y privilegiarán los canales formales para “evitar que se repitan situaciones como las observadas”.
Alberto Rojas, presidente de ASUMA, dice que “la idea es tratar de subsanar todas estas situaciones poco gratas que se provocaron en el último período”. Aunque ya están cerradas las negociaciones, dice que en teoría solo quedaría un caso en Contraloría, porque se ofreció una solución parcial.
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