Una nueva pugna se gatilló en el sector eléctrico. A ocho meses desde la creación de la Asociación de Transmisores de Chile, el gremio rayó la cancha y se lanzó contra la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el marco del proceso de valorización de la transmisión que está en pleno desarrollo, el primero que se hace con las modificaciones legales establecidas en 2016.
Este proceso busca fijar los valores con los que luego se tarificará y por los que se remunerarán las instalaciones que operan el sistema de transmisión, y que no tienen asegurado un ingreso determinado, producto de las licitaciones que derivan del plan de expansión.
Sin embargo, en medio del proceso actual, el nuevo gremio -que representa a más del 80% del mercado- envió el 12 de mayo a la CNE una dura carta, acusando “serias irregularidades” durante el proceso de valorización de sus activos, lo que han redundado -asegura- en los “infundados resultados negativos” que da cuenta el Informe Técnico Preliminar, que fue aprobado el 6 de abril.
Según se detalla en la carta a la que tuvo acceso DF, firmada por el presidente del gremio, las supuestas irregularidades están significando, hasta ahora, que “el valor de nuestros activos utilizado para efectos de determinar nuestros ingresos regulados disminuirá entre aproximadamente un 40% y un 70% con respecto a los valores vigentes, dependiendo de la situación específica de cada compañía”. Estas bajas -agregan- se producen incluso en el caso de activos en los que se ha invertido de manera reciente y que han entrado en operación solo en los últimos años.
“Tenemos la convicción de que nuestros derechos, como entidades sometidas a regulación, están siendo vulnerados; en especial, nuestro legítimo derecho de recibir una justa remuneración por los importantes servicios que prestamos”, aseguraron.
Uno de los argumentos planteados es que la CNE contrató dos estudios, uno para el sistema de transmisión nacional y otro para el zonal, pero al valorizar los activos de este primer grupo no se consideró, en lo principal, las metodologías propuestas por el consultor. “Parece haberse considerado necesario tener una sola metodología -propia- para valorizar los activos de transmisión, independiente del sistema al que pertenecen”, advirtieron.
Consultada, la CNE explicó que la ley es muy clara en el sentido de que el informe preliminar debe basarse en los referidos estudios, pero de ninguna manera exige que la CNE se limite sólo a copiarlos. En este caso, había importantes diferencias de criterios entre ambos.
“La CNE debió homologar esos criterios y definir una valorización común y coherente para los sistemas zonal y nacional. No hacerlo, habría significado incumplir nuestra obligación de corregir y mejorar los estudios de los consultores en lo que fuera pertinente”, enfatizaron.
El gremio afirma que la valorización no solo pone en peligro la estabilidad financiera de las firmas sino que también afecta la imagen del país. Frente a esto, la CNE sostuvo que “las reglas de valorización de las instalaciones están en la ley, y la comisión las está aplicando en el proceso en curso. La ley no especifica que este cálculo técnico deba considerar las expectativas tarifarias de los inversionistas ni sus metas de rentabilidad”.
Asimismo, el gremio dijo que de no corregirse la situación, se podría impugnar el proceso ante los órganos competentes. A su vez, la CNE precisó al ser consultada que las empresas recién han hecho sus observaciones, por lo tanto, deben analizarlas y emitir un informe final.
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