Un espaldarazo recibieron el gobierno y los gremios de la industria pesquera. Ayer, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el polémico proyecto de ley que buscaba eliminar la pesca de arrastre de la merluza común y solo permitirla por fuera de las 30 millas de distancia de la costa.
El resultado de la votación fue de 74 votos a favor, 41 en contra y 12 abstenciones, quedando por debajo de lo requerido para este tipo de leyes (78 votos a favor), y con lo cual el proyecto se dio por rechazado y archivado.
La norma buscaba que “la huella del arrastre no operará entre las costas y las 30 millas marinas, las que se medirán desde las líneas de base normales, dentro del espacio comprendido entre el límite norte de la República hasta el paralelo 56° de latitud sur, al límite de la región de Magallanes, abarcando, de igual forma, las islas, su alrededor y las aguas interiores del país”.
Justamente este punto fue el más problemático. En el debate participó el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien sostuvo que la norma en cuestión implicaba en la práctica el cierre de ocho plantas procesadoras, terminando con 1.150 empleos directos, una eventual disminución de la recaudación fiscal de casi $ 3 mil millones y una caída de US$ 10 millones por concepto de exportaciones, entre otros.
La visión de los gremios
Tras rechazarse la iniciativa, Osciel Velásquez, presidente de la Sonapesca, valoró que “hayan primado los argumentos científicos esgrimidos por todas las exposiciones de expertos y la academia en las comisiones de pesca”. “Valoramos que autoridades, certificadoras internacionales de sustentabilidad, trabajadores, científicos y académicos que plantearon que esta red de pesca puede hacer pesca sustentable”, dijo.
Y añadió que hoy, el método de la pesca de arrastre es el más utilizado en las pesquerías de las merluzas del mundo.
Por su parte, Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu -empresa que centra sus operaciones en la pesca de merluza común- señaló que “no podemos ocultar nuestra satisfacción y tranquilidad por el resultado final que tuvo esta iniciativa parlamentaria y que ha sido en una amenaza con la que convivimos como empresa durante casi dos años. Comparto la tranquilidad que deben sentir los más de 800 trabajadores que hoy ven un futuro con algo más de certeza”.
Por el contrario, Liesbeth van der Meer, directora de Oceana, afirmó que las discusiones se basaron sobre criterios económicos y no medioambientales. “El proyecto no buscaba detener la pesca industrial de merluza común, sino prohibir el arte de pesca de arrastre de fondo, el cual la ciencia ha dado pruebas del daño que provoca al medioambiente y atenta contra la sustentabilidad de una pesquería que se encuentra en crisis desde hace más de 20 años. Lo importante es que, por primera vez, se abrió el tema y esperamos que se siga trabajando en su limitación”.
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