Una nueva ofensiva se materializó en el polémico caso seguros que involucra a Codelco y Chilena Consolidada. A casi cuatro meses de que la entidad ligada a Zurich acordara cancelar US$ 22 millones por los perjuicios causados a la estatal y sus trabajadores por el sobreprecio de las primas de los seguros, involucrando que la minera se desistiera de la querella contra actuales ejecutivos de la compañía y luego ejerciera acciones penales por el delito de apropiación indebida de dineros, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) definió sumarse a las indagatorias.
El 22 de diciembre el CDE presentó una querella en contra de todos quienes resulten responsables en la comisión de fraude al Fisco y otros entes públicos. En un documento de 20 páginas, la entidad cuestiona -entre otras materias- la ostensible diferencia del valor de la póliza en relación con los valores de mercado y la justificación que se daba para ello al apelar a otros beneficios adicionales que habrían contemplado. Para el Consejo, aquello permitía acordar con los funcionarios de Contraloría de Codelco la renovación de los contratos celebrados con la compañía de seguros que, además, no objetaban el procedimiento empleado debiendo haber exigido el cumplimiento del reglamento que obligaba llamar a licitación.
“Dichos servicios adicionales, mediante los cuales se encubría el sobreprecio y con ello el verdadero propósito de los hechores; esto es, defraudar a Codelco y a los trabajadores afiliados a los sindicatos, eran del todo injustificados por la irrelevancia de las prestaciones según puede desprenderse de la investigación practicada por Cochilco”, asegura el CDE.
También -agrega- es “plausible” la hipótesis de que hubo “concierto” con las directivas sindicales si se considera que, no obstante que la decisión y administración de los contratos radicara en los sindicatos, correspondía una necesaria participación y control de las Divisiones en la asesoría técnica financiera en los procesos de licitación pública y adjudicación de los contratos, los que no existieron.
Así, en el escrito asegura que el ilícito cometido por los empleados de la Contraloría de Codelco “se fraguó con la directa participación de los diversos directores sindicales de la empresa estatal, con el subterfugio convenido con Gestión y Servicios y la Compañía de Seguros Chilena Consolidada”, consistente en incorporar en las propuestas y contratos beneficios irrelevantes con la sola finalidad de justificar los abultados sobreprecios de las primas, hecho que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho y soborno, los que deben ser investigados por el Ministerio Público.
La acción, que ya fue admitida y que se acumula al proceso actual del Juzgado de Garantía de Calama, solicita diversas diligencias como oficiar a las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic y sindicatos para enviar antecedentes. También, citar para prestar declaración a 51 personas, a los representantes de Gestión y Servicios, y a ex y actuales trabajadores de la aseguradora donde figura José Manuel Camposano (exgerente general).
A esto se suma un examen de las cuentas corrientes y libros de banco, junto a que se dé orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Según comentan fuentes, la arremetida del CDE pondría más presión al caso, ya que -a diferencia de los efectos judiciales que provocó el acuerdo de Codelco y Chilena Consolidada- el Consejo podría poner en aprietos no solo a sus actuales, sino también exejecutivos de la aseguradora. A lo que además podrían sumarse eventualmente trabajadores o ejecutivos de Codelco.
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