Una dura carta envío ayer Enjoy a la comisión investigadora de casinos de juego de la Cámara de Diputados. En una declaración de seis páginas, firmada por el gerente general de la firma ligada a la familia Martínez, Rodrigo Larraín, realizó un cuestionamiento a los parlamentarios que integran la comisión, quienes por tres meses analizaron la actividad de la empresa luego de que ésta se sometiera a un proceso de reorganización.
Según la carta de Enjoy, de las más de 20 sesiones que se realizaron, la firma nunca fue invitada a participar de las jornadas, donde la materia en cuestión era la compañía y las razones de su reorganización. En las instancias, participaron diversos funcionarios públicos, como el Subsecretario de Hacienda, la Superintendenta de Casinos de Juego, el Contralor General de la República, alcaldes y la directora del Trabajo, además de gerentes de empresas privadas, entro otros.
"Llama esto fuertemente la atención, considerando el Reglamento de la H. Cámara de Diputados principalmente en el capítulo que dicha normativa reserva para las comisiones que se pueden constituir para el legítimo ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y en particular al debido resguardo que se exige respecto de los derechos constitucionales de aquellos que sean objeto de esas investigaciones", señaló Enjoy.
Más aún, dicen que se han gastado recursos en buscar establecer que existió "una especie de negligencia en la administración de Enjoy que la llevó a pedir su reorganización judicial, y en señalar que nada de ello tendría que ver con los efectos del denominado estallido social del 18 de octubre del 2019, o con la pandemia de Covid-19, ni con otros aspectos".
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En el documento la firma aclara varios de los puntos tratados en las sesiones, en los que se hicieron "juicios" hacia la empresa, que dicen que enlodan su historia y afectan su futuro.
"Se ha dicho que los problemas económicos que llevaron a Enjoy a pedir voluntariamente su reorganización se arrastraban desde mucho tiempo antes del estallido social y la pandemia del Covid-19. Eso no es así. Se ha dicho que Enjoy otorga crédito a los jugadores en sus casinos de juego, incentivando la ludopatía. Y que SCJ ha omitido esta fiscalización manteniendo una actitud permisiva con la empresa. Eso no es así", aclaró.
También mencionó que no era cierto que la empresa no podía haber sido adjudicataria de permisos para operar casinos municipales el año 2018, por cuanto su supuesta situación financiera no lo permitía, y la calidad temeraria de sus ofertas no lo aconsejaba, y que el regulador de la industria habría hecho caso omiso de todo lo anterior. "Eso es absolutamente falso".
Negó las acusaciones de quienes señalaron que la adquisición de las licencias para operar los casinos de juego de San Antonio y Los Ángeles por parte de Enjoy fue autorizada en un procedimiento poco riguroso por parte de la Superintendencia, así como que explota ilegalmente el juego online.
Respecto de que la autoridad ha tenido un trato condescendiente y permisivo con Enjoy, en desmedro de otros grupos económicos, la firma volvió a lanzar sus dardos y dijo que lo anterior es "totalmente falso".
En tanto, hizo especial referencia al exSuperintendente de la industria, Francisco Leiva, quien aseguran tiene conflictos de interés que afectan sus declaraciones en las sesiones de la comisión, señalando que nunca se reveló que "oficia de informante y de testigo en favor de la empresa Sun Dreams, en juicios en que ésta participa en contra del grupo Enjoy, del cual es su competidora directa".
"Nunca fue revelado a los integrantes de la CEI, que el señor Leiva durante su administración como Superintendente de Casinos de Juego había sido querellado criminalmente por la empresa Enjoy, por eventuales omisiones frente a casos manifiestos de corrupción".
Para finalizar su carta a los parlamentarios, la operadora de casinos aseguró que cuentan con un caudal de fundamentos y pruebas que avalan sus aseveraciones, y que, de no recibirse, el informe final que den a conocer los próximos días los diputados sobre sus sesiones, carecería de validez y legitimidad.
Por tales motivos, solicitan que se les cite para comparecer con el objeto de poder entregar sus descargos, "y para que de esa forma pueda existir la debida bilateralidad que debe prevalecer en todo procedimiento investigativo, pudiendo la empresa sujeto de la investigación ejercer su derecho constitucional a la debida defensa", concluyó la empresa.
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